Morales ha violado procedimientos legales y democráticos para enjuiciar a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional de Bolivia y forzarlos a dimitir. Así lo indicó Edwin Rojas, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia ante la comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Dice presidente abogados ante OEA
El titular del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia acusó al gobierno del presidente Evo Morales de “atentar contra la independencia del Poder Judicial y los derechos humanos de los jueces del Tribunal Constitucional del país”.

“El poder judicial boliviano se ve afectado por una injerencia política que desde la llegada de Evo Morales al poder se ha visto agravada y que pone en riesgo el sistema democrático”, dijo, Edwin Rojas Tordoya, presidente del Colegio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA.

El abogado presentó una demanda ante la CIDH a favor de los cuatro magistrados procesados en un juicio de responsabilidades por presunto prevaricato.

Rojas compareció en una audiencia ante la CIDH en Washington, al igual que representantes del Gobierno boliviano, los cuales aseguraron que “nunca ha existido un ánimo de agredir al Poder Judicial”.

El presidente del Colegio de Abogados dijo que desde la llegada al poder de Morales se han reducido los salarios de los magistrados hasta en un 50 por ciento y “se ha llevado a cabo una masiva campaña mediática de desprestigio del Poder Judicial”.

Según la demanda presentada por el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, el Gobierno de Morales “ha violado todo tipo de procedimientos legales y democráticos para llevar a juicio” a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional del país y “obligarles así a que dimitan de su cargo”.

Los magistrados Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña, acusados de prevaricato, según declaró Rojas, van a solicitar audiencia con la CIDH, porque aseguran que el Gobierno “ha ido demasiado lejos y ha llegado incluso a amenazar su integridad física y a enviarles amenazas de muerte”.

Según los demandantes, “este acoso judicial” comenzó hace cuatro meses y se trata “del tercer intento del Gobierno de controlar instituciones del Poder Judicial, como el Tribunal Supremo”. “Ahora con el enjuiciamiento de estos jueces los bolivianos nos hemos quedado sin el órgano máximo protector de los derechos humanos y constitucionales”, apuntó Rojas.
 
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, subrayó, por su parte, que Morales concede gran importancia papel del Tribunal Constitucional y negó los argumentos de Rojas. “Somos conscientes de la importancia del Tribunal Constitucional para la vigencia del estado democrático y por eso se les ha pedido que colaboren en la profunda transformación que está sufriendo el país”, apuntó Arce según la agencia Efe.

Al final de la exposición de ambas partes, los peticionarios pidieron, además a la CIDH, que realice una visita a Bolivia para que observe la situación del Poder Judicial.