Los funcionarios públicos deben comprender que el contrato tácito de confianza entre el ciudadano y el Estado está roto y que no será justamente en base a bravuconadas y malos modales la forma en que van a recuperarlo.

Opinión: Carlos Mira
Hace unos años, Gloria Stefan, justamente para estos meses de festividades,
lanzó un CD con el promisorio nombre de “Abriendo Puertas”, dando un mensaje de
esperanza que no sólo comprendía el espíritu del tema principal sino el de todo
el disco.

Ahora, el secretario de Ingresos Públicos de la provincia de
Buenos Aires parece querer parafrasear a la cantante cubana lanzando una campaña
de recaudación de impuestos cuyo lema podría ser “pateando puertas”.

Así
resumió Santiago Montoya los métodos que emplearían las autoridades para
cobrarle a los morosos si éstos no cooperaban con su buena voluntad. Y siguió:
“Abriremos las cajas de seguridad. Y los bancos nos van a ayudar. Es mejor que
lo hagan por las buenas, porque si no lo van a hacer por las malas”.


Montoya, que goza de buen concepto y que, hasta ahora, se había manejado
con moderación, parece haber tomado una súbita dosis de los modales que hoy
dominan la política argentina, encarnados, obviamente, por el presidente.


Más allá de las objeciones que semejantes modales suscitan de inmediato,
habría que recordarle al funcionario algunos datos interesantes.

El
contrato tácito de confianza entre el ciudadano y el Estado está roto. Y no
precisamente por culpa del ciudadano. El Estado dejó de cumplir sus funciones
básicas, aquéllas que se suponen fondeadas por los recursos que aportan, en
muchos casos con mucho sacrificio, los contribuyentes. No han sido los
ciudadanos los que con esos fondos pagaron sobresueldos que fueron a parar a las
cuentas personales en el exterior de funcionarios públicos. Tampoco ha sido la
sociedad la que robó los fondos de las ex cajas de jubilaciones condenando a la
miseria a millones de personas. Y mucho menos han sido los contribuyentes los
que, cuando había empresas del Estado, concluían negociados por los que, por
ejemplo, un uniforme de guarda de ferrocarril costaba más caro que un traje de
Giesso.

Esas malversaciones de los dineros aportados con esfuerzo por la
sociedad fueron consumadas por funcionarios públicos que encarnaban al Estado. A
los ojos de los ciudadanos privados el estafador ha sido el Estado.

Los
funcionarios de hoy podrán ser todo lo honestos que quieran pero ante la
sociedad tienen la presunción en contra. Será necesario que pasen muchos años de
conducta verificadamente intachable para que los ciudadanos honestos vuelvan a
confiar.

Está claro que hay muchos contribuyentes deshonestos que no
pagan los impuestos. Y también está claro que eso está mal, que comporta una de
las actitudes más antisociales que podrían enumerarse. Pero ese fenómeno también
fue provocado por tantos años de corrupción estatal. El Estado –encarnado en sus
funcionarios– ha entregado un justificativo perfecto para aquellos que reniegan
el pago de los impuestos.

Lamentablemente, Santiago Montoya no está en
posición de asumir un papel de guapo. No por él, sino por la situación que debe
revertir, no tiene autoridad moral frente a la sociedad. Podrá ser una excelente
persona y un mejor funcionario. Pero carga con el peso de ocupar el mismo lugar
que otros usaron para robar y usufructuar los recursos de la sociedad en una
serie variada de beneficios personales.

Los funcionarios de hoy deberían
agradecer que la gente no les patea la “puerta” (por ser educado) a ellos, y
luego comprender que deben recomponer el contrato de confianza con la gente por
la vía de que la transparencia de su conducta pueda ser comprobada por la
ciudadanía. Sólo cuando esas condiciones se cumplan habrán recuperado la
autoridad moral que se precisa para expresarse en los términos en que lo hizo el
funcionario de Solá (aun cuando, en ese caso, sería saludable mantener los
términos de la buena educación, tan escasa en este presente de la Argentina.)


Y como siempre es bueno dejar una idea al lado de una crítica, estaba
recordando que allá cuando estudiábamos finanzas públicas en la facultad, nos
enseñaban que los impuestos se diferencian de las tasas en que los primeros son
contribuciones que las personas pagan para sufragar gastos genéricos del Estado,
que no tienen una aplicación específicamente atada a un servicio. Las segundas,
a su vez, son pagos que la ciudadanía aporta para financiar la prestación de un
servicio por parte del Estado, típicamente el alumbrado, barrido y limpieza.


Mi idea es que por un período excepcional, hasta que la sociedad
recupere la confianza en los funcionarios públicos, todos los impuestos sean
reemplazados por tasas que estén dirigidas a pagar un servicio determinado
prestado por el Estado, incluso cuando éstos sean lo que hoy se consideran
gastos corrientes de administración. Así, por ejemplo, la masa de dinero de
impuestos que hoy se dedica a pagar a legisladores, sería reemplazada por una
“tasa al servicio legislativo” para que la ciudadanía sepa lo que está pagando y
a qué actividad estatal se dedican los recursos que tanto le cuesta aportar.


Además alguna auditoría que resultara intachable para la sociedad
debería hacer un seguimiento de la aplicación de esos recursos para informar
acerca de que efectivamente fueron utilizados para lo que se los recaudó. Solo
luego de que varios años de uso intachable de la plata de la gente, podría
volverse al cobro de impuestos de aplicación inespecífica.

Más allá de
la honestidad de los funcionarios de turno, el Estado no existe en sí mismo. Es
una entelequia rellenada por personas de carne y hueso que la simulación
jurídica ha transformado en un ente diferente de sus integrantes humanos. Para
la sociedad no hay distingos entre funcionarios pasados corruptos y funcionarios
actuales honestos. Para la gente, unos y otros, son “el Estado”. Es el karma con
que carga el funcionario honrado.

Pero en todo caso será su problema:
nadie lo obligó a ser lo que es. Un puesto a sueldo de la sociedad tiene sus
complicaciones: hay que cumplir el deber, ser honesto, respetar las formas, los
derechos individuales y los extremos de la buena educación… y, además, ser
eficiente. Si no se pueden lograr esos objetivos sin apelar a la bravuconada
barata, es mejor mantenerse en la vida privada. La carga por levantar que
cualquier funcionario actual tiene sobre sus hombros es muy pesada. Han sido
muchos los años en que otros, que ocuparon sus mismos lugares, esquilmaron a la
sociedad.

Nadie que ocupe hoy un escritorio público está en posición de
patear ninguna puerta. A Santiago Montoya le convendría recuperar la calma,
bajar un cambio y pensar cómo va a convencer a la gente de que él es diferente a
sus antecesores.

Fuente: Economia Para
Todos