La historia reciente de España es la historia de un éxito colectivo basado en su Constitución.

Editorial
Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular español, ha abogado por no
modificar la Constitución española, ni siquiera su preámbulo, porque para su
partido “España es una nación, no una nación de naciones”.

Así se ha
referido el líder de la oposición a esta cuestión durante un acto de homenaje a
las víctimas del terrorismo, en especial a las del PP, celebrado en la localidad
guipuzcoana de Irún, en el que intervino también la presidenta del partido en el
País Vasco, María San Gil, así como Marisol Fernández y Juani Pérez, viudas de
los ediles populares asesinados por ETA Manuel Zamarreño y José Luis Caso,
respectivamente.

La alusión de Rajoy es una clara respuesta al presidente
del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien no hace mucho dijo que
el concepto de nación era “muy discutible” y que, verlo de otra forma sería
“fundamentalista”. Según su extraña y forzada manera de entender a España,
arguyó que la misma puede ser “nación o naciones” y que la Constitución proclama
solamente “la unidad del Estado”.

Es más que evidente que los
separatistas vascos y catalanes se sienten a sus anchas con este Gobierno. Ellos
persiguen la profundización de la crisis institucional, junto al consiguiente
resquebrajamiento del Estado, y el presidente Zapatero, en lugar de recordarles
el real significado de la Constitución de 1978, se muestra amistoso y sonriente
con quienes buscan la balcanización de España.

No fue casual que el Rey
exhortara en su mensaje navideño a que “mantengamos los principios y valores de
nuestra Constitución y el preciado consenso en que se basa”. Porque, más que un
mensaje, fue un telegrama urgente al gobierno para que se comprometa con un
auténtico llamamiento a la unidad social y, sobre todo, política. En un fin de
año marcado por las tensas relaciones que mantienen los dos principales partidos
de ámbito nacional y por el debate territorial surgido al calor de propuestas de
reformas estatutarias como el plan Ibarretxe, don Juan Carlos reclamó
“prudencia” a los representantes de la ciudadanía, y les instó a resolver sus
diferencias en un espacio de “concordia” en el que prevalezca “el interés
colectivo» sobre las «ambiciones particulares”.

A partir de ahora, y en
la misma sintonía que el Rey, Rajoy debería asumir un fuerte liderazgo y
preguntar concretamente a Zapatero o a Pasqual Maragall cuáles son, según su
mapamundi, los nombres de las naciones que integran, según ellos, España. Porque
este Gobierno se ha llenado la boca con el discurso del “consenso” y “la España
plural” pero en lo hechos se ve,con preocupación, una política de aniquilamiento
de esa “diferencia” que dicen defender.

La Constitución española no es
de plastilina ni sus principios deberían ser material para la discusión y el
debate. La historia reciente de España es la historia de un éxito colectivo
basado en su Constitución. Encarna la firme voluntad de un pueblo de
reconcialiación y unidad democrática y por eso es admirada en todo el mundo. Los
resultados están ahí. Quienes hoy reclaman una reforma que los ciudadanos no
demandan enarbolan una “bandera de conveniencia” que sirve en su particular
puerto de hoy pero que lleva a los españoles a un futuro incierto.