Un informe parlamentario denunció este viernes a 19 diputados involucrados en sobornos pagados por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los dejó expuestos a perder sus mandatos en el Congreso de Brasil.

En la lista hay siete políticos del Partido de los Trabajadores
La lista incluye a 18 diputados en actividad y a uno que ya renunció para evitar esa sanción, que le impediría presentarse a las próximas elecciones del año próximo.

Figuran en la nómina el ex-jefe de gabinete del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, José Dirceu, acusado de ser el organizador del esquema de sobornos, y el de Roberto Jefferson, del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), que denunció en junio que un centenar de sus colegas recibieron el llamado “mensalao” (sobornos mensuales).
El Consejo de Ética de la Cámara ya aprobó el jueves por unanimidad solicitar la anulación del mandato de Jefferson, quien, para demostrar que el PT manejaba una caja paralela, confesó haber recibido 4 millones de reales (1,35 millones de euros al cambio actual), con el supuesto fin de financiar campañas electorales.

En la nómina hay 7 diputados del PT, 4 del Partido Progresista (PP, conservador) del presidente de la Cámara Severino Cavalcanti). También hay 3 del Partido Liberal (PL) del vicepresidente José Alencar, 2 del PTB (incluido Jefferson), uno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y uno del Partido del Frente Liberal (PFL, oposición de derecha).
Se añade el nombre de Valdemar Costa Neto, presidente del PL, que renunció a su mandato hace un mes.

Todos esos partidos (exceptuando el PFL) forman parte de la base aliada del Gobierno.

Aparte de Dirceu y Jefferson, los demás imputados efectuaron retiros de las cuentas del publicista Marcos Valerio, que confesó ser el financista de la caja paralela del PT, junto al ex-tesorero del partido, Delubio Soares.

Este adujo que el dinero sirvió para pagar campañas electorales de 2002 y 2004, un delito que no entra en la órbita penal, como el de los sobornos mensuales denunciados por Jefferson.
Ese argumento fue considerado “sin importancia” en el informe elaborado por las comisiones parlamentarias de investigación (CPI) que investigan los escándalos.

“No se puede admitir la obtención de ventajas económicas ilícitas, siendo sin importancia la denominación que se le dé”, añade el texto, leído por el relator de la CPI de los Correos, Osmar Serraglio. “No hay legitimidad en mandatos conseguidos mediante una caja paralela”, afirma.
Valerio reconoció haber entregado 55 millones de reales (unos 18,6 millones de euros al cambio actual) a dirigentes políticos. Las investigaciones ya permitieron identificar a los destinatarios de 32 millones, gran parte de ellos políticos o allegados que retiraban el dinero en agencias del Banco Rural en Brasilia y Belo Horizonte (sudeste), indicó Serraglio.

El informe también condena la recaudación de fondos a través de personal nombrado por los partidos políticos en entidades estatales.