La cuestión que motivó la moción de censura -el uso del sistema de inteligencia para acopiar información masiva sobre propios y extraños- dice mucho sobre el gobierno de Humala, pero más sobre el país. En lo tocante a Humala y su esposa, confirma el estado de paranoia política en que ha vivido Palacio de Gobierno desde el primer día. Con respecto a Perú, nos recuerda el problema “madre”, del que nacen los demás: la ausencia de instituciones sólidas que medien entre el poder y la sociedad a la usanza de las democracias avanzadas, y la escasa separación entre Estado y gobierno.

Espiar, por cierto, es algo que hacen todos los gobiernos. Además, el que el Parlamento haya castigado el uso de la Dirección Nacional de Inteligencia para fines reñidos con su razón de ser parecería indicar que algún grado de institucionalidad existe para proteger al ciudadano de su Estado. Pero esa sería una lectura de un optimismo enajenado.

Las principales organizaciones políticas que hicieron valer la moción de censura han practicado aquello que reprochan a los Humala y la víctima privilegiada del mecanismo constitucional, la primera ministra, ha sido por completo ajena al espionaje (independientemente de la responsabilidad política de su cargo, claro está). En realidad, lo sucedido en el Parlamento es un ajuste de cuentas que los Humala se ganaron a pulso, pero que no habla de una madurez institucional sino de los vaivenes del liderazgo del Presidente. Un Presidente que empezó su gobierno con mayoría en el Congreso gracias a su numerosa bancada y al respaldo de la de Alejandro Toledo, pero que ha ido dejando en el camino a muchos allegados o subordinados por su impericia y la precariedad de su partido, que no es un partido (como no lo son la mayoría de los otros).

Voy con esto a la nuez del asunto: el ajuste de cuentas surgido de una circunstancia inesperada y propicia se ha vuelto el sustituto de la institucionalidad peruana. En toda clase de gobiernos y hasta regímenes. El cordón sanitario que debería separar al Estado del gobierno no existe. El tejido institucional, empezando por el sistema jurisdiccional, está carcomido. De allí que casi el único recurso que le queda a la sociedad para castigar -y a la “clase” política para corregir- los abusos y faltas de quienes mandan sea el ajuste de cuentas. A veces, esa “vendetta” apunta bien y a veces mal, pero el hecho de serlo garantiza que de momentos traumáticos como la censura al gabinete Jara no extraiga Perú beneficios permanentes: apenas la efímera sensación del desquite.

¿Aprenderá Humala la lección? Tiene dos caminos. Uno es huir hacia adelante fortaleciendo a la corriente populista y autoritaria que pretende hacer del abracadabrante general Daniel Urresti el candidato oficialista para las elecciones presidenciales, con el respaldo abrumador del Estado, empezando por el sistema de inteligencia. El otro es un gabinete decente y con aire a “transición” cuya misión sea asegurarle a Perú un proceso electoral limpio en más de un sentido y un mínimo de sobresaltos políticos.

Artículo publicado originalmente en La Tercera