El gobierno ecuatoriano garantizó ayer el cumplimiento de los acuerdos entre las multinacionales del crudo y la Amazonia para superar la crisis petrolera y social en la zona, y tachó de ´´criminal´´ la intención de los pobladores de reactivar las protestas.

El gobierno garantizó cumplir con lo pautado con las empresas
El primero es un documento suscrito por los alcaldes, obispos y diputados de las dos provincias. Recoge las conclusiones debatidas en el interior del rancho San Vicente. El documento fue remitido a las petroleras y luego fue firmado por los ministros de Energía y  Gobierno y Ramiro González, mediador del proceso.

Este documento fue el que se firmó la noche del 25 de agosto y que permitió el levantamiento del paro biprovincial. El único que reconocen las autoridades seccionales. De hecho, Guillermo Muñoz, presidente de la Asamblea Biprovincial, dijo que las petroleras tienen que firmar esta acta, si no   el paro se reactivará mañana.

Cinco puntos se suscribieron en esta acta: la entrega del 16 por ciento del Impuesto a la Renta, creación de un fondo vial para el asfaltado de 260 kilómetros de vías y la contratación preferencial de la mano de obra local, transporte, bienes y servicios. A esto se suma el compromiso de que las petroleras sigan con los programas de compensación social y la voluntad de sostener buenas  relaciones a futuro.

Pero no es el único. Los asambleístas mostraron su desacuerdo con un segundo  documento que a criterio de las empresas petroleras reglamenta la creación del fondo único para el asfaltado de los 260 kilómetros de  vías en las dos provincias. El documento de denomina Anexo A. Contiene su compromiso   para asfaltar las vías.

Crea un fondo extraordinario para el asfaltado. Condiciona su aporte hasta que el petróleo mantenga una cotización de 35 dólares por barril. Limita la vigencia del fondo hasta terminar con el asfaltado y crea un fideicomiso. En mano de obra y transporte las petroleras aceptan dar preferencias en la contratación de mano de obra, vehículos y bienes y servicios, pero de acuerdo a la libre competencia y a la oferta.

“No estamos de acuerdo con este anexo porque generaliza los acuerdos consensuados y deja la puerta abierta en otros, queremos que las cosas se  concreten”, dijo Guadalupe Llori, prefecta de Orellana.

En el documento aparecen las firmas de los delegados de las empresas petroleras y de los ministros. No firmaron las autoridades seccionales. A los dos documentos se suma un adendum aclaratorio que se hizo público este 28 de agosto y que tiene las firmas de los ministros de Gobierno, Energía, el presidente del Concope, Ramiro González y los representantes de las petroleras.

Allí, las empresas aclaran que el monto máximo de la donación del Impuesto a la Renta es del 16 por ciento. Los prefectos no están de acuerdo con él termino ´máximo´. Aseguran que eso deja en libertad a las petroleras para donar lo que estimen.

El documento también requiere que los gobiernos seccionales inviertan el 50 por  ciento  de la donación del impuesto a la Renta en el sector rural y la diferencia en el  urbano. En vialidad, las petroleras, aceptan la creación del fondo vial pero de acuerdo al Anexo 2, en  que se reglamenta el asfaltado de los 260 km, entre otros puntos.