Por lo menos 700 empresas del sector agroindustrial serán sometidas a una revisión por parte del gobierno de Venezuela para establecer si están en funcionamiento, de lo contrario podrían ser entregadas a los empleados en ´´cogestión´´ con los patronos, advirtió ayer el ministro de Agricultura y Tierra, Antonio Albarrán.

El intento constituye un nuevo intento monopolizador del Estado
El funcionario no descartó que las compañías sean expropiadas.

“El nuevo socialismo contempla devolverle a los trabajadores sus empleos y garantiza la reactivación de empresas que cerraron como consecuencia de los daños del capitalismo salvaje´´, afirmó Albarrán en declaraciones al diario El Nacional.

El pronunciamiento se produjo un día después de que la empresa Alimentos Polar presentó ante la justicia venezolana un recurso de amparo para solicitar el retiro de militares que ocuparon instalaciones de su propiedad en la zona industrial de Virginia, estado de Barinas, en el suroeste del país.

Además de las instalaciones de Polar, el gobierno ha intervenido una planta abandonada de H.J. Heinz en el estado de Monagas y el frigorífico Fribarsa, también en Barinas.

Polar es una de las empresa líderes en Venezuela en la producción de cerveza y alimentos. Es propiedad de la familia Mendoza, una de las más acaudaladas en América Latina, según la revista Forbes.

En Barinas, el complejo de Alimentos Polar está conformado por un fábrica de procesamiento de harina precocida y varios silos.

Albarrán sostuvo que la fábrica de procesamiento fue ocupada porque estaba paralizada y explicó que la intervención fue solicitada por los propios empleados de la firma.

“El ministerio lo que hizo fue una evaluación y constató que se trata de una planta paralizada, incluso desmantelada y sus partes [fueron] llevadas a otros países siguiendo parámetros del capitalismo sin importar el sustento de las familias´´, explicó.

Los ejecutivos de la empresa alegaron que la planta Barinas I está en funcionamiento y que las acciones del gobierno “constituyen una vía de hecho que viola abiertamente los derechos de propiedad, libertad económica, defensa y debido proceso”.