Jorge Werthein, doctor en Educación por la Universidad de Stanford y representante de la Unesco en Brasil, analiza los programas de conversión de deuda por desarrollo y ejemplifica el caso de España y su programa iniciado por Rodrigo Rato, actual director gerente del FMI, siendo ministro de economía del gobierno de José María Aznar

Jorge Werthein
La decisión de España, de perdonar 60 millones de euros de la deuda externa
argentina para que ese monto sea invertido en educación, anunciada en enero, es
un ejemplo de cooperación y solidaridad internacional que debería ser seguido
por países acreedores y deudores de todo el mundo (*)

Se trata de una iniciativa que
plantea la cuestión de la reducción de la deuda externa de los países en
desarrollo en una estrategia más amplia orientada hacia la promoción de la
educación y al combate a la pobreza en todo el planeta. En los países
latinoamericanos se recupera la esperanza de obtener éxito en la articulación de
una política global de apoyo a las naciones endeudadas, que ayude a cambiar su
realidad educativa, por medio de inversiones prioritarias en educación básica, y
a promover su desarrollo social.

La ofensiva política a favor de la
conversión de la deuda en inversiones en educación, iniciada en 2003, en foros
internacionales como la Conferencia General de la Unesco y el encuentro
ministerial de la OEA, y en reuniones en el ámbito del Mercosur teniendo al
frente de las discusiones el ministro de Educación de Brasil, Tarso Genro, su
antecesor, Cristovam Buarque, y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
argentino, Daniel Filmus, ganó impulso con la decisión del gobierno español.


Es necesario ahora que los ministros de Educación y Hacienda de Brasil,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, que están construyendo una
propuesta conjunta, pongan todo su empeño político para concretar una profunda
negociación internacional con países acreedores e instituciones financieras
multilaterales como el Banco Mundial, el BID y el FMI.

TRANSFORMAR LA
IDEA de la conversión de la deuda en una acción práctica que beneficie a los
socios del Mercosur requiere la firme decisión de cada uno de los países para
tratar el asunto como una prioridad nacional y como una política global de
elevado alcance social. Una negociación semejante ya fue concluida exitosamente,
en el pasado reciente, por países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Guatemala y
México, que consiguieron negociar la conversión de parte de sus deudas en
inversiones en la conservación ambiental.

Los países en desarrollo
enfrentan una situación muy difícil en lo que respecta al endeudamiento interno
y externo, lo que, aliado a la necesidad de fuertes ajustes fiscales, los está
dejando en un estado de escasez de recursos públicos para inversiones en
políticas sociales. De acuerdo con los Indicadores Mundiales de Desarrollo 2004,
del Banco Mundial, Latinoamérica tenía, en 2002, una deuda externa de US$ 728
mil millones un aumento de cerca de 63% en comparación con 1990.

Gran
parte de los países de la región, como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y
Perú, son clasificados como países severamente endeudados. En el caso de
Argentina y Brasil, las deudas corresponden, respectivamente, a 393% y 342% del
total de sus exportaciones. EL RECONOCIMIENTO de la insustentabilidad de la
deuda de los países en desarrollo ya fue hecho por las instituciones de Bretton
Woods (FMI y Banco Mundial), al lanzar una iniciativa para la reducción del
endeudamiento de los países pobres (HIPC).

La necesidad de inversiones
en educación y su comprobado retorno social y económico ya fueron reconocidos
también por la comunidad internacional y por las instituciones de financiación.
En el Forum Mundial de Educación (Dakar), en 2000, los Estados participantes
afirmaron que “no faltarán recursos para la Educación”. El Banco Mundial creó el
Education for All: fase-track iniciative para promover la universalización de la
educación básica por medio del fortalecimiento de políticas nacionales e
incremento de la financiación externa.

Sin embargo, lo que se vio en los
últimos años fue una caída relevante del total de la ayuda oficial al desarrollo
dirigida a la educación. Los años 2000 y 2001 registraron el menor volumen de
ayuda bilateral a la educación (inferior a US$ 8.000 millones por año). Y eso
ocurrió después de la aprobación de documentos centrales para la cooperación
internacional en el nuevo siglo, como la Declaración del Milenio, que estableció
los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el Consenso de Monterrey. Hay,
por lo tanto, un claro distanciamiento entre compromisos asumidos y acciones
prácticas para posibilitar su alcance.

Es urgente una revisión de la
cuestión del pago de la deuda externa y de las inversiones en educación en los
países en desarrollo, pues a cada día es más visible la necesidad de generación
de conocimiento para alcanzar el desarrollo sostenible. El factor diferencial de
los países que más avanzaron en las últimas décadas fue justamente la atención
dada a la educación, que no puede ser considerada solamente importante sino
prioritaria. La construcción de un mundo más justo y pacífico pasa
necesariamente por la igualdad de oportunidades de desarrollo entre naciones
ricas y países menos desarrollados.

Jorge Werthein es Doctor en
Educación por la Universidad de Stanford (EUA) y Representante de la Unesco en
Brasil (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura).

(*)Nota de la redacción:


El programa de conversión de deuda por desarrollo fué
iniciado, impulsado y desarrollado en España por el actual director gerente del
FMI, Rodrigo Rato, siendo ministro de economía del gobierno de José María
Aznar.

En términos globales, la
estimación de la participación española en la iniciativa HIPC
ascendió a 1.635 millones de dólares y situó a España como el octavo
contribuyente, sólo por detrás de 6 países pertenecientes al
G-7. España, durante ese periodo,
condonó deuda por importe de 417 millones de euros, de los que 197
se dedicaron a conversión por inversiones públicas para el desarrollo
(educación, medio ambiente, lucha contra la droga,
infraestructuras básicas, sanidad…) en países como Costa Rica, Perú,
El Salvador, República Dominicana y Bolivia, entre otros, y 220 millones a
programas por inversiones privadas en Marruecos, Jordania y Argelia, entre
otros.