La popularidad del Presidente boliviano, Evo Morales, cayó entre principios y fines de marzo pasado, cuando enfrentó escándalos por corrupción en su partido y errores en la tramitación de 44 contratos firmados con 12 petroleras, según dos encuestas divulgadas esta tarde.

Crece el desempleo, y la inseguridad en las calles
El 63,4% de los bolivianos encuestados en La Paz, 61% en Cochabamba y 48% en Santa Cruz creen que la imagen de Morales cayó al destaparse que parlamentarios y dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), vendían recomendaciones a aspirantes a puestos públicos, destacó Efe

En La Paz, considerado como uno de los bastiones masistas, es donde se producirá el mayor impacto negativo en la figura del jefe de Estado. Al menos así opinó el 63,4% de los paceños que fueron consultados, a pesar de que en ese momento todavía se desconocía el pedido de desafuero al senador Germán Villca y a la diputada Nemesia Achacollo, además de la detención del militante Alejandro Rodríguez, acusado de falsificar la firma del ex titular del Senado Santos Ramírez para “traficar” con los avales políticos.

La posibilidad de que se “desplome” la figura anticorrupción del MAS y del Jefe de Estado también fue mencionada por el 61% de los entrevistados en la ciudad de Cochabamba, que es la capital del departamento en que surgió el movimiento cocalero dirigido por el ahora gobernante. Sólo el 33% de los cochabambinos consultados cree que la imagen de Morales se mantendrá intacta, pese a los cuestionamientos.

La otra cara de la moneda está en Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades en las que Morales perdió las elecciones presidenciales de 2005. Mientras un 48% de los cruceños consultados cree que el Jefe de Estado resultará “salpicado” por los escándalos, otro 51,3% considera que las denuncias de corrupción que pesan sobre algunos militantes y parlamentarios del MAS no afectará para nada la imagen del Mandatario.

Casi la mitad de los encuestados opina que el apoyo al mandatario bajará por el escándalo de la tramitación irregular de los contratos con multinacionales que no han podido entrar en vigor desde octubre pasado.