Las fuertes críticas a causa del proceso de regularización de inmigrantes debería atemperar la demagogia hacia las minorías.

EDITORIAL
Alrededor de 400 personas se han manifestado en Madrid para pedir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que flexibilice el proceso de regularización de inmigrantes y lo prorrogue para normalizar la situación del mayor número posible de personas extranjeras.

Fue una de las tantas marchas que ahora con frecuencia los inmigrantes realizan en España contra los absurdos y las incongruencias del proceso de regularización de ilegales impulsado por el Gobierno socialista. Muchos de los manifestantes portaban pequeñas pancartas, con mensajes como “Así no, no más leyes negreras”, “El consumismo saquea el sur. El racismo les ignora”, “Papeles de persona, no de esclavo” o “`Papeles crueles! `Prórroga razonable!”, “Ningún ser humano es ilegal. Derecho a tener derechos”.

Los inmigrantes se quejan porque detrás de toda la parafernalia que hizo este Gobierno -que presume de otorgar “derechos”- alrededor de la regularización, existió una absoluta falta de previsión acompañada por una gran dosis de demagogia. El desmadre administrativo desbordó las oficinas públicas y sus desprevenidos empleados, enfrascados no sólo en controlar la marea humana de inmigrantes sino también explicar los requisitos absolutamente exagerados, leoninos y rígidos, que no hicieron más que empeorar las cosas.

Los resultados están a la vista. A menos de un mes de que finalice el proceso de regularización de inmigrantes ha quedado patente que está siendo un absoluto fracaso. Tan sólo unos 400.000 ilegales han solicitado acogerse al proceso, la mitad de lo que preveía el Gobierno.

Las críticas han arreciado, tanto desde el ámbito doméstico como el externo. El principal partido de la oposición advirtió sobre el gravísimo “efecto llamada” que esta normativa ha provocado y que ya se está sintiendo fuertemente en las costas de Canarias y Almería. El PP no cesa de repetir que no se puede poner en marcha el Reglamento sin conocer las previsiones concretas, qué consecuencias puede tener para el empleo y qué capacidad de acogida tiene el país receptor. Según los populares, esta medida abrirá la puerta a la inmigración ilegal y beneficiará a las mafias que trafican con seres humanos.

También hay que señalar las críticas del ministro de Interior alemán, Otto Schily, y la ministra de Inmigración holandesa, Rita Verdonk, quienes embistieron contra el Gobierno socialista por no haber consultado con sus socios europeos el proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros que no sólo afectarán a España sino al resto de la Comunidad Europea.

Como lo ha demostrado la aprobación del matrimonio gay y el descontrolado proceso de regularización de “sin papeles”, en su afán agradar a las minorías, este Gobierno no deja de ganar adversarios.