Las relaciones entre jueces y gobierno no atraviesan sus mejores momentos. Un cúmulo de circunstancias han coadyuvado para que el desencuentro haya aumentado en los últimos tiempos. La mediación de Mariano Fernández Bermejo tampoco dio los resultados apetecidos y estamos más cerca de una huelga que puede ser histórica.

Editorial

Poder ejecutivo, legislativo y judicial son las bases del constitucionalismo. Cada uno ellos funciona autónoma e independientemente. Conforme avanzó el siglo XX  se observó que el legislativo cedía en importancia ante el ejecutivo, primando una excesiva disciplina de partido que convirtió al parlamento en una cámara de aclamación y apoyo más que de debate y control.

En España, la Constitución de 1978 consagró la división de poderes. Durante estos más de 30 años, entre el gobierno y la judicatura se han producido desencuentros, aunque nunca con el calado y magnitud de los últimos meses. La deriva ha sido tal, que el 18 de febrero puede haber una huelga de jueces y magistrados, fenómeno que no hemos conocido.

Los jueces exigen, entre otras cosas, una necesaria modernización de los juzgados cuya obsolescencia provoca lentitud y acumulación de casos sin sentencia. Poder judicial y nuevas tecnologías no deberían estar encontrados sino que las segundas tendrían que ser un instrumento al servicio de la eficiencia y eficacia del primero.

En cuanto al gobierno, durante los últimos meses ha endurecido su discurso hacia jueces y magistrados quienes no se han amilanado respondiendo con una unidad sin fisuras. Como ejemplo ilustrativo de esta tesis tenemos el caso Tirado, donde Zapatero, Bermejo o De la Vega cometieron un error: cuestionar primero y exigir después, una mayor sanción al citado juez. El resultado es que entre la ciudadanía aumentó la crispación hacia los jueces algo que se podía haber evitado.

El PSOE está cerrando filas. Creemos que los socialistas se han equivocado al afirmar que se trata de una “huelga política contra Zapatero“. Presentarse como víctimas no es la solución. Como tampoco las declaraciones sucesivas de Bermejo que no han ayudado a mejorar la situación.

Algunas asociaciones judiciales ya han movido ficha y han entregado el Consejo General del Poder Judicial un dossier donde informan de que irán a la huelga, cuyo derecho avalan. Si se lleva a efecto, es evidente que la situación no mejorará. Por tanto, urge que gobierno y jueces lleguen a un acuerdo lo antes posible ya que de lo contrario los grandes perjudicados seremos los ciudadanos a quienes ambos poderes deberían defender.