La Comisión Europea presentará una comunicación sobre el régimen laboral de los trabajadores europeos desplazados temporalmente para ofrecer un servicio en otro Estado miembro y abrirá un periodo de un año en el que quiere asegurarse de que los países de la UE cumplen la ley que les obliga a otorgarles similares derechos laborales que a sus propios ciudadanos.

Revisará en un año la legislación de los 25
Fuentes de la Comisión explicaron hoy que no se trata de un nuevo instrumento legislativo, puesto que Bruselas considera que la directiva sobre trabajadores desplazados de 1996 continúa estando en vigor, sino un documento adicional que servirá para evaluar el cumplimiento de la norma ya existente y, si procede, decidir posteriormente si presentar una propuesta de ley alternativa.

Según la ley existente, el Estado miembro que recibe temporalmente a un trabajador de otro país de la UE está obligado a aplicarle “las disposiciones protectoras mínimas” en vigor para sus propios ciudadanos. Insiste en que a estos trabajadores “se les debe asegurar, durante el periodo del desplazamiento, que se beneficiarán de las condiciones de trabajo en vigor en el Estado miembro de acogida”.

Entre los aspectos concretos que se recogen en esta directiva figura el respeto a los periodos máximos de trabajo y los mínimos de descanso, la duración mínima de vacaciones anuales pagadas, el salario mínimo, la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo o las condiciones de trabajo que han de aplicarse a mujeres embarazadas o por periodo de maternidad.

La Comisión Europea sostiene que la ley del 1996 que contempla estos aspectos continúa perfectamente en vigor, incluso después de la ampliación de la UE a 10 nuevos Estados miembros. No obstante, el Ejecutivo comunitario constata “falta de una adecuada aplicación”, por lo que antes de plantearse presentar una nueva propuesta legislativa establecerá un plazo de 12 meses para aclarar con los países de la UE “qué es admisible y qué no”.

En este tiempo, la Comisión comprobará “qué han hecho los Estados miembros, dónde están los problemas y cómo tratar de solucionarlos”, dijo la fuente que agregó que los 12 meses permitirán sacar una conclusión “sobre la situación en los Estados miembros, sobre si necesitan medios de reacción de la Comisión que sean más coercitivos”.