El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que el Gobierno regional exigirá al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero unos 500 millones de euros para hacer frente al proceso de regularización de los casi 300.000 inmigrantes que se calcula harán los trámites.

 De esta manera, la Comunidad quiere disponer de los medios necesarios para mantener la calidad de los servicios públicos.

Ignacio González señaló también de acuerdo con las estimaciones del Gobierno central, alrededor de 800.000 a un millón de extranjeros regularizarán su situación en nuestro país y, de ellos, entre 250.000 y 300.000 lo harán en los próximos tres meses en la Comunidad de Madrid.

El portavoz autonómico dijo que, “según los cálculos iniciales que la Comunidad de Madrid está realizando sobre la posible incidencia del proceso de regularización, el coste directo que se va a derivar de un proceso de esta envergadura superará los 500 millones de euros” frente a los 120 millones de euros que ha previsto la Administración central.

El Ejecutivo regional calcula que cada uno de estos inmigrantes regularizado le costará a las arcas madrileñas unos 1.000 euros al año solo en concepto de asistencia sanitaria, a lo que habría que añadir otros gastos de tipo educativo, social, políticas de empleo, renta mínima de inserción, asistencia jurídica y otras prestaciones que se consideran imprescindibles para que su integración en nuestra sociedad sea satisfactoria.

González señaló que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, afirmó que la población inmigrante tiene que tener todas las prestaciones para que se produzca la integración y le recordó que “estos servicios tienen unos costes adicionales que deben ser financiados por el Estado” y “debe dotar a las comunidades autónomas de los recursos necesarios”.

A este respecto, González expresó la “preocupación” del Gobierno de Madrid al conocer que el Ejecutivo central ha previsto un fondo de 120 millones de euros para que las comunidades españolas puedan hacer frente a los gastos derivados del proceso de regularización de inmigrantes, cantidad que considera “insuficiente” para la región pues, según dijo, “ni siquiera serviría para hacer frente a las necesidades sociales más elementales”.

Aportes integros para el Estado

El vicepresidente primero recordó que, según sus cálculos, estos inmigrantes que se regularizarán en la Comunidad de Madrid aportarán unos 600 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y que esa cantidad irá a parar íntegramente al Estado y no a la región, que sin embargo, deberá hacer frente al coste de prestaciones asistenciales necesarias para la integración de este colectivo.

Por ello, exigió al Gobierno central que “comparta” con las comunidades el dinero para hacer frente a las necesidades de los inmigrantes y para proporcionarles la asistencia necesaria en la región madrileña, que generará “unos costes adicionales” para esta autonomía que, a juicio del Ejecutivo regional, “también deben ser financiados por el Estado”.

González recordó que Madrid es la autonomía española que recibe más porcentaje de población extranjera y que aproximadamente el 25 por ciento de los inmigrantes que hay en España residen en la región, con lo que a primeros de año, más del 14 por ciento de los empadronados en la Comunidad procedían de otros países.

Concluyó que “las comunidades no recibimos ninguna aportación de cotización a la seguridad social. 300.000 personas cotizando a la Seguridad Social un año a una media de entre 20.000 y 30.000 pesetas le va a suponer más de 100.000 millones de pesetas de ingresos a la Seguridad Social. Ese dinero debe ser compartido por parte del Estado con las comunidades autónomas”.