La firmeza en la condena al terrorismo y la sanción efectiva a regímenes totalitarios marcarán el éxito o el fracaso de la reforma planteada

Editorial
Las discusiones lanzadas en torno a la reforma de Naciones Unidas han alcanzado relieve global y han puesto en consideración –sin menguar los cuestionamientos anteriores- la capacidad del organismo para afrontar los retos del actual contexto internacional. Las acusaciones de corrupción y la presión para reformar el Consejo de Seguridad sitúan a la entidad bajo un estado de profunda examinación.

El planteo reformista fue disparado por las denuncias de corrupción presentadas contra altos funcionarios del programa Alimentos por Petróleo. Las presentaciones rozaron la figura del secretario general, Kofi Annan, quien tuvo que comparecer ante los medios de prensa y justificar su inocencia. El funcionario –exhibiendo un hábil sentido práctico- presentó una propuesta de reforma general de la institución colocándose a la cabeza de la misma. El problema de ineludible consideración es que todo intento de modificación depende (más allá de su alcance y profundidad) de la aprobación política de los Estados miembro. Es decir, de la habilitación de, por ejemplo, los Estados Unidos. El éxito de la iniciativa presentada por Annan dependerá de la negociación que éste entable con el actor de mayor peso en el organismo.

Ahora bien: ¿qué es lo que realmente necesita reformarse? ¿Qué es lo que erosiona la legitimidad de la ONU en un contexto de creciente complejidad? Pues pueden mencionarse dos aspectos prioritarios: a) la sofocante burocracia centralista y b) la incapacidad del Consejo de Seguridad por emitir resoluciones expeditivas. Sabiendo que Naciones Unidas constituye un órgano supranacional en muchas de sus facultades, no lo es en las cuestiones de mayor relevancia. La mayoría de las decisiones sobre temas de seguridad no alcanza el consenso necesario produciendo una imagen lenta y confusa de todo el organismo. Prueba de ello fueron las demoras exhibidas en la acción de condena al terrorismo tras los atentados del 11-S. A ello se suma la presión ejercida por Canadá, Alemania y Japón por obtener un lugar permanente en el mencionado Consejo de Seguridad.

El Congreso de los Estados Unidos debate hoy dos proyectos de reforma específicos: uno destinado a reducir el peso burocrático del organismo, y otro a definir el margen de libertad del presidente norteamericano ante situaciones multilaterales. Ambos proyectos fueron fuertemente criticados por los expertos que vieron procedimientos innecesarios y modificaciones poco oportunas. Anne Bayefsky (del Instituto Hudson) sostuvo que la creación de mayor burocracia para controlar la existente es a todas luces contradictoria. Y que la capacidad de maniobra del presidente no debe entrar en consideración. La observación coincide con la emitida por Carroll Morse (de Tech Central) quien califica de irrelevantes los cambios que se intentan introducir.

La respuesta más efectiva volvió a ser dada por el presidente Bush quien aprovechó el receso vacacional del Congreso para designar a Jonh Bolton como embajador permanente. De esta manera, el presidente evitó las demoras del debate y transmitió su posición mediante una acción concreta. Bolton representa un estilo pragmático, alejado de las costumbres deliberativas del cuestionado organismo. Los frutos de las reformas tendrán que ver precisamente, con la efectividad que éste demuestre en la toma de decisiones estratégicas. Efectividad que viene demostrando la administración Bush en la condena al indeseado terrorismo.