Armonizar los aspectos constitucionales que afectan la inversión privada, el derecho de los inversionistas y el monopolio rentístico del Estado, comenzaron a ser ´discutidos´ entre Colombia y EEUU en el marco de la octava ronda de negociaciones del TLC en Washington, que concluye hoy. Las reuniones bilaterales entre los equipos negociadores de Colombia y EEUU buscan ´aclarar´ los términos

Libre Comercio
Preocupa a los analistas nacionales que se pueda estar negociando la capacidad
de manejo de la cuenta de capitales por períodos superiores a un año, potestad
que está en manos del Banco de la República.

Las reuniones bilaterales
entre los equipos negociadores de Colombia y Estados Unidos buscan ´aclarar´ los
términos consignados en las constituciones de cada país. En materia de
inversiones, el propósito es garantizar que no se presente afectación para los
capitales ni para las propiedades individuales o empresariales.

El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explicó que en el tema de inversión
se busca “establecer normas justas y transparentes que promuevan la inversión a
través de la creación de un ambiente estable y sin obstáculos
injustificados”.

El jefe negociador del equipo colombiano, Hernando José
Gómez, indicó que el principal objetivo de aclarar la normatividad y los
alcances de los contenidos constitucionales, es atraer el capital necesario para
el desarrollo, pero protegiendo a “los inversionistas colombianos en los Estados
Unidos, para que reciban un trato igual al de los estadounidenses respecto de
sus inversiones en dicho país”.

Control a
capitales

El Gobierno colombiano le comunicó a los
estadounidenses las funciones del Banco de la República en el control de los
flujos de capital, especialmente los llamados “capitales golondrina” cuando
afectan el comportamiento de la tasa de cambio.

Los negociadores
nacionales argumentan que esos controles, del resorte del banco emisor, se
adoptan cuando se trata de dineros especulativos que busquen desestabilizar los
mercados nacionales. Hernando José Gómez indicó que la propuesta se encamina a
establecer normas similares a las firmadas en el marco del Tratado de Libre
Comercio (TLC) firmado entre Estados Unidos con Chile y Singapur.

“Si el
control va por un año, durante ese tiempo el inversionista no presentaría alguna
demanda por posibles perjuicios, pero sí habría derecho a reclamo cuando supere
los 12 meses”, explicó Gómez.

Maniobrabilidad
del Emisor

Analistas consultados por EL NUEVO SIGLO,
indicaron que la intención es que se mantenga la maniobrabilidad del Banco de la
República en el control de capitales especulativos o “golondrina”. Dentro del
flujo de capitales, los llamados “golondrina” pueden generar impactos no muy
favorables en la economía colombiana, “si se analiza el escenario
revaluacionista de ahora, lo que se está tratando de explicar es que se permita
mantener ese tipo de medidas sin penalización”, explicó un agente del mercado
cambiario que prefirió el anonimato.

Las recomendaciones de los
organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) se dirigen a evitar que el banco central intervenga en el
mercado cambiario local con ese tipo de controles.

Helena Villamizar
García-Herreros llama la atención sobre “la renuncia a la capacidad de manejo de
la cuenta de capitales por períodos superiores a un año, a semejanza de lo
impuesto a Chile”.

Cuando el presidente-gerente del FMI, Rodrigo de
Rato, estuvo de visita en Colombia, alertó al Gobierno la inconveniencia de
ponerle trabas a los flujos de capitales. En diciembre del año pasado, el Banco
de la República tomó medidas de control de capital, porque el Ejecutivo
consideró que a la economía estaba llegando mucho capital “golondrina”,
contribuyendo a la acelerada revaluación del peso frente al dólar.

Para
Helena Villamizar García-Herreros, el Gobierno no debe renunciar “a la capacidad
de manejo de la cuenta de capitales por períodos superiores a un año”, exigencia
que ya hizo Estados Unidos a Chile en la firma de su TLC. Y alerta de que
“semejante cesión de la soberanía no tiene antecedentes históricos en Colombia.
Ningún tratado imponía tales límites a estas importantes potestades del manejo
macroeconómico”.

Al igual que otros analistas, Helena Villamizar
García-Herreros sostiene que es sorprendente “la aceptación de dicho plazo”
teniendo en cuenta “que en repetidas ocasiones (el Gobierno) ha argumentado que
la revaluación del peso tiene su origen en las políticas de Estados Unidos y en
particular en sus persistentes y grandes desequilibrios fiscales y de balanza de
pagos”.

Javier Ricardo Gómez, analista de Interbolsa, considera que ese
control es “un espacio de tiempo prudencial” para definir qué inversionista
tiene pensado entrar en el país con el objetivo de hacer rentar su inversión, y
no “simplemente estar entrando y saliendo”.

“Evidentemente, en las
negociaciones del TLC está ausente el más mínimo principio de reciprocidad y
equilibrio”, concluyó Villamizar García-Herreros. Garantías de
inversión

Sobre lo referente a la limitación de los derechos civiles de
los extranjeros, el constitucionalista Jaime Castro indicó que en el país, en
principio, los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. Sin
embargo, bajo el argumento de ´orden público´, esas garantías pueden ser
modificadas, como en el caso de decretar “estado de conmoción interior” o de
“emergencia económica”, lo cual cambia el escenario de las garantías.


“Colombia alegando razones de orden público puede restringir o negar a
los extranjeros sus derechos”, explicó Castro. Igual sucede en Estados Unidos
cuando se argumenta “seguridad esencial”. A juicio de Juan Manuel Charry, el
Gobierno colombiano aduciendo medidas de orden público “puede limitar los
derechos de los extranjeros”. Hay quienes admiten que Estados Unidos no le va a
aceptar a Colombia, lo que no le ha admitido a otras economías (Chile, México o
Singapur), con quienes ha firmado tratados similares al que negocia con nuestro
país.

Sobre la expropiación, consagrada en el artículo 58 de la
Constitución Nacional y que se genera por motivos de utilidad pública o social,
Jaime Castro estima que la posición de Estados Unidos es conocer cuándo se puede
hacer expropiaciones sin indemnización en el momento de realizar inversiones en
el territorio nacional. “Es decir, que se les garantice que no vayan a ser
expropiados”, reiteró Castro. Charry recuerda que esa norma fue modificada hace
seis años y se hizo “por razones de equidad”. Hernando José Gómez explicó que
los estadounidenses insisten en que cuando haya lugar a la expropiación “se haga
la respectiva indemnización”, de forma equitativa y rápida.

Finalmente,
la ´armonización´ constitucional contempla el tema de los monopolios como
arbitrio rentístico (artículo 336 de la Constitución colombiana), que en el país
sólo existen dos: los licores y los juegos de azar.

Jaime Castro indicó
que esta acción busca que los licores entren en igualdad de condiciones a todo
el territorio colombiano.

Fuente: El Nuevo
Siglo Colombia