Un experto en derechos humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) urgió a Gran Bretaña a no deportar a activistas musulmanes extranjeros a países sospechosos de torturar a sus prisioneros, pese a las garantías otorgadas.

Blair endurece su posición frente a los islamistas de línea dura
El gobierno británico, presionado para endurecer su posición frente a los islamistas de línea dura tras los ataques que acabaron con la vida de 52 personas en Londres durante julio, planea deportar a activistas extranjeros que considera una amenaza a la seguridad nacional.

El 11 de agosto Gran Bretaña detuvo a 11 personas, incluyendo al religioso jordano Abu Qatada, sospechoso de ser el líder espiritual de Al Qaeda en Europa y uno de los detenidos que sería deportado.

Gran Bretaña señaló que ha recibido garantías de parte de numerosos gobiernos, incluyendo Jordania, que aseguran que no torturarán ni maltratarán de modo alguno a los detenidos si son enviados a sus países de origen.

“Ese memorando de entendimiento (…) no brinda ningún tipo de protección adicional a los deportados”, dijo el representante de la ONU, Manfred Nowak, en un comunicado.

La intención británica de extraditar a los activistas refleja la preocupante tendencia de los Estados europeos de intentar sortear sus obligaciones internacionales relativas a deportar refugiados que podrían enfrentarse a posibles represalias políticas, según Nowak.

El experto de la ONU no mencionó cuáles son los países sospechados de maltratar a los detenidos.

Pese a que no planteó nuevos casos, el Comité de la ONU contra la Tortura acusó a Suecia en mayo de quebrar la ley internacional al extraditar a un islamista egipcio en diciembre de 2001 pese a que corría “serios riegos” de ser torturado.

Suecia también argumentó que buscó y recibió garantías de que Ahmed Husein Agiza, acusado de cometer actos violentos contra el gobierno egipcio, no sería maltratado.