El presidente chileno Ricardo Lagos indultó a un ex militar acusado de ser autor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, uno de los casos de violación de derechos humanos más emblemáticos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Se trata del autor material del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez
Sectores sociales y políticos criticaron la medida. Tucapel Jiménez Fuentes, hijo de la víctima, dijo que el ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (DINE) jamás colaboró con la justicia, pues nunca reconoció su participación en el crimen y dijo que, Contreras Donaire fue quien le cortó el cuello a su padre con tres mandobles propinados con un “corvo”, cuchillo de combate del Ejército.
El dirigente sindical era el presidente de la Asociación Nacional de empleados fiscales (ANEF) y cuando encabezaba la reorganización del movimiento sindical fue secuestrado, degollado y rematado a balazos por los agentes de la DINE.
El indulto del ex suboficial de ejército Manuel Contreras Donaire, condenado inicialmente a ocho años de cárcel, fue confirmado el jueves por el ministro del Interior, Francisco Vidal.
El beneficio fue otorgado “en virtud de la pacificación, de la clemencia, de dar señales de que el país puede avanzar también en esta discusión”, dijo Vidal.
El decreto fue firmado por Luis Bates, Ministro de Justicia, y establece que a Contreras se le conmutó la pena por “tratamiento en el medio libre”.
Contreras, uno de los tres acusados como autor material de Jiménez, se encontraba recluído desde abril del 2004 en un penal de alta seguridad, creado especialmente para militares tras la vuelta de los gobiernos democráticos en 1990, después de 17 años de dictadura.
El asesinato se produjo el 25 de febrero de 1982, cuando Jiménez, un destacado líder de los trabajadores, se aprestaba a afinar los últimos detalles de una paralización nacional, junto a otros dirigentes sindicalistas, que se realizaría en marzo.
Jiménez murió víctima de varios impactos de bala y heridas cortopunzantes.
Mas de 3.000 personas murieron o desaparecieron víctimas de la violencia política en Chile durante la dictadura y otras 28.000 sufrieron prisión política o torturas, según informes oficiales.
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