Los grupos políticos parlamentarios mostraron este martes su apoyo a medias al Plan Director de cooperación presentado por la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, ante el Congreso de los Diputados, debido a ciertas discrepancias en varios puntos. Los puntos en discordia son la utilización de los fondos FAD, la falta de
precisión presupuestaria y lo que calificaron de “dispersión” a la hora de
definir países y sectores sobre los que se centrará la cooperación.

Para Gonzalo Robles, PP, es disperso, no tiene presupuesto y se olvida de Iberoamérica
Por su parte, el Partido Popular ha expresado sus reticencias hacia el Plan, que
a su juicio ha llegado “tarde”, carece de un desarrollo presupuestario y es
demasiado “disperso”, por lo que ha dado a entender que podría oponerse al
texto.

Reticencias en
el PP

Durante sus intervenciones el portavoz del PP ante
la Comisión, Gonzalo Robles, mostró sus reticencias e incluso dio a entender que
su grupo no apoyará el Plan. A su juicio, el documento ha llegado “demasiado
tarde” y carece de un “marco presupuestario”, tal como “obliga la Ley de
Cooperación”, pese a que, afirmó, los borradores previos sí presentaban unos
presupuestos elaborados. Asimismo, criticó lo que interpretó como una
“dispersión importante de las prioridades geográficas y sectoriales”, ya que el
Plan hace referencia a “más de 60 países”. “El que mucho abarca, poco aprieta”,
aseveró Robles. Aparte, Robles criticó la “falta de definición” de la reforma de
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y lamentó que entre los
países prioritarios “los hispanos son una minoría”. “Iberoamérica ya no es una
prioridad, y creo que es un error”, señaló. Es necesario destacar que el Plan
Director debería haberse presentado en el año pasado para ser puesto en vigor el
1 de enero de este año. El malestar dentro del PP es perfectamente entendible
dado que, en este Plan no hay un marco presupuestario y que las fechas en las
que será quizá aprobado tendrán varios meses de atraso. Además, lo que critica
el PP es lo mismo que el PSOE y las ONG´s criticaron en su momento al primer
Plan Director. La retórica no puede esconder hoy lo sustancial.

Pajín
respondió que el principio de corresponsabilidad ha impedido la elaboración de
unos presupuestos rígidos, ya que “no es coherente decir qué vamos a dedicar a
cada país si no nos han dicho qué van a querer”. Asimismo, afirmó que el retraso
de que habló Robles se debe, entre otras cosas, a que las propias ONG pidieron a
la Secretaría de Estado que se aplazara hasta enero la presentación del Plan
para poderlo estudiar con tiempo.

Durante la presentación del Plan,
aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo de Ministros, ante la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la secretaria de
Estado valoró el “respaldo unánime” al texto de Ministerios concernidos,
Comunidades Autónoma “de todo color político” –a excepción de Murcia, que votó
en contra–, entidades locales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos,
empresarios y expertos. Se trata, afirmó, de “un consenso sin
precedentes”.

Según Pajín, el Plan Director pretende adaptar la política
de cooperación española a los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, con el
objetivo primordial de luchar contra la pobreza, entendida “como carencia de
oportunidades y opciones para sostener un nivel de vida digno”. Esta lucha,
precisó, debe basarse en la “ampliación de oportunidades y, por tanto, de
capacidades y libertades de las personas desfavorecidas”.

Para ello, el
Plan prevé un incremento de la cantidad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD),
para que alcance el 0,3 por ciento este año, lo cual “garantiza los compromisos”
de “destinar al menos el 0,33 por ciento del PIB a la AOD en 2006”, y coloca a
España “en la senda de cumplir con el compromiso del Gobierno de duplicar al
porcentaje del PIB destinado a la AOD a lo largo de la legislatura, hasta
alcanzar el 0,5 por ciento del PIB en los presupuestos de 2008”, explicó
Pajín.

Pajín destacó también que el nivel de ejecución alcanzado a
finales de 2004 en la SECI superó el 90 por ciento de lo presupuestado, lo que
permitirá “en el camino adecuado para alcanzar el 0,30 por ciento del PIB en
2005”. La secretaria de Estado expresó la voluntad del Plan de poner en marcha
mecanismos que permitan avanzar en la planificación y gestión de las actuaciones
“en base a los resultados obtenidos en los países destinatarios de la ayuda” y
anunció que en adelante se fijarán los resultados e impactos deseados “previo
diálogo con los países receptores de ayuda” y a través de los Documentos de
Estrategia País (DEP).

Ello implica, indicó, una “corresponsabilidad” y
asociación a las estrategias nacionales de desarrollo “diseñadas por los países
destinatarios de la ayuda, en diálogo constructivo con los países donantes”.
Pajín pide coherencia de políticas Leire Pajín destacó la necesidad de avanzar
en la “coherencia de políticas con el objetivo del desarrollo”, mediante un
“intenso trabajo de coordinación” junto a los Ministerios como Comercio y
Economía, materializado en la creación de una comisión técnica de trabajo
conformada por los Ministerios que gestionan la AOD. Respecto a los créditos de
Fondos de Aydua al Desarrollo (FAD), el Plan establece que no deben utilizarse
en “la fase de emergencia” de las crisis humanitarias y destaca “las condiciones
excepcionales de la línea de financiación que el Gobierno ha puesto a
disposición de los países afectados”, que prevén 20 años iniciales de moratoria,
40 años de amortización y un grado de donación del 80 por ciento. “Sólo
devolverán uno de cada cinco euros”, afirmó la secretaria de Estado.

El
Plan establece también que el Consejo de Cooperación al Desarrollo “informará
anualmente sobre el cumplimiento del principio de coherencia” y que este informe
“será remitido a la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso”. El Plan
define una serie de países prioritarios en los que se tenderá a concentrar el 70
por ciento de la AOD anual y para los que se elaborarán planes concretos. Entre
ellos, destacan Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, República
Dominicana, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, además de Argelia, Marruecos,
población saharaui, territorios palestinos, entre otros países asiáticos,
africanos y magrebíes.

Asimismo, entre los países “con atención especial”
definidos por la situación de conflictos externos, por crisis de Derechos
Humanos o por crisis imprevistas, destacan Cuba, Colombia, Irak, Guinea
Ecuatorial o Afganistán, aparte de los afectados por el tsunami.

El Plan
prevé también el apoyo a sectores como la salud o la educación (que se llevarán
el 20 por ciento de la AOD española) y otras prioridades transversales, como la
lucha contra la pobreza, la defensa de los Derechos Humanos, la igualdad de
género o el respeto de la diversidad cultural.