El presidente ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, ha derogado el estado de excepción decretado el viernes para el distrito metropolitano de Quito. Mientras, las protestas contra el Gobierno amenazan con extenderse desde la capital al resto del país.

Las manifestaciones se extienden por todo Ecuador
Por su parte, el vicepresidente Alfredo Palacio se ha desmarcado de Gutiérrez y ha rechazado el “estado dictatorial” que vive el país. El Ejército ha dado su apoyo a Gutiérrez.

Ondeando banderas ecuatorianas, golpeando cacerolas y con gritos de “que se vayan”, en contra del Gobierno y la clase política, los manifestantes desafían a Lucio Gutiérrez, contra el que también protestan las bocinas de miles de coches que recorren Quito.

También en las afueras de la emisora Radio ´La Luna´, unas 3.000 personas se congregaron para proteger a este medio, que ha sido la señal que han usado los manifestantes para convocar las protestas de las tres últimas noches.

Un rumor sobre una posible clausura de la emisora hizo a los ciudadanos dirigirse a la sede del medio, donde se registró un pequeño incidente con un grupo de simpatizantes del Gobierno, pero que no causó víctimas.

Los cambios en la Corte Suprema desataron el conflicto

Lucio Gutiérrez explicó que su decreto establece “limitar los derechos civiles” establecidos en la Constitución Política del Estado y “establecer como zona de seguridad a la ciudad de Quito, el distrito metropolitano, dentro de su jurisdicción”. Además, dispuso “la movilización, la desmovilización y las requisiciones que sean necesarias” para atender la emergencia en la capital. La decisión de Gutiérrez se produce tras tres jornadas de protestas pacíficas, convocadas por ciudadanos independientes que han usado la señal de la Radio ´La Luna´. Las Fuerzas Armadas de Ecuador han apoyado su decisión.

El jefe del Estado reconoció que la tensión política en Ecuador estalló el pasado 8 de diciembre cuando una mayoría parlamentaria afín a su Gobierno, destituyó a los antiguos jueces de la Corte Suprema, y nombró a otros magistrados de formaciones afines a la coalición oficialista.

Recordó que cuando se efectuó la reorganización, había aclarado que la Corte iba a durar poco tiempo, aunque se lamentó de que los grupos políticos en el Congreso no hayan encontrado una solución a la crisis de la función judicial.