La certeza de López Obrador sobre su desafuero fue tal que el viernes mismo ya no ofreció la mañanera conferencia de prensa. Su chofer y custodio Nicolás Mollinedo pidió vacaciones a fin de acompañar a López Obrador en esas nuevas condiciones sin que se diga que está aprovechando un sueldo oficial para desempeñar un trabajo que no lo es.

Democracia
De acuerdo con la ley, desde el jueves a las 19.26 horas Andrés Manuel López
Obrador dejó de ser jefe de Gobierno de la ciudad de México. Él mismo estaba tan
preparado para ese momento que después de comparecer en la Cámara de Diputados
ya no regresó a la oficina que ocupó desde diciembre de 2000.

Todo el
viernes, el para entonces ya desaforado funcionario se quedó en su casa. El
mando de la administración capitalina se lo había transferido a Alejandro
Encinas, el secretario General de gobierno a quien legalmente corresponde
sustituirlo en sus ausencias.

La certeza de López Obrador sobre la
separación del cargo desde el momento del desafuero fue tal que el viernes mismo
ya no ofreció la mañanera conferencia de prensa. Su chofer y custodio Nicolás
Mollinedo, que tiene cargo de funcionario alto en la administración de la
Ciudad, pidió vacaciones a fin de acompañar a López Obrador en esas nuevas
condiciones sin que se diga que está aprovechando un sueldo oficial para
desempeñar un trabajo que no lo es.

De la posibilidad de ese desafuero,
se venía hablando hace más de un año en México. En todo momento prevaleció la
convicción de que, al perder la inmunidad constitucional, López Obrador quedaba
separado del cargo para el que fue electo. Sin embargo el dictamen de la Sección
Instructora, aprobado por la mayoría de los diputados el jueves por la noche, no
es suficientemente explícito al respecto. El desafuero trae aparejada la
separación del cargo. Así lo indica la Constitución aunque, además, sugiere que
eso ocurrirá hasta que un juez penal haya aceptado la denuncia que se le
presente. El artículo 111 de la Carta Magna establece, después de indicar cómo
se realiza el juicio de procedencia para retirar el fuero: “El efecto de la
declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”. Desde luego, si al cabo del
proceso el funcionario es declarado inocente podrá reincorporarse a esas tareas.


El Dictamen que los diputados aprobaron el jueves reproduce esa
disposición constitucional. Luego de considerar que procede la acción penal
contra López Obrador se establece: “queda separado del encargo de Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en tanto esté sujeto a la acción penal y, en
consecuencia, a disposición de las autoridades competentes para que actúen con
arreglo a la ley”.

La sintaxis de esa frase incurre en una
contradicción. Primero se dice, siguiendo el 111 Constitucional, que la
separación del cargo ocurrirá en tanto dicho funcionario esté sujeto a la acción
de la justicia.

Pero luego se establece que la presentación de López
Obrador ante la autoridad judicial es consecuencia de la separación del cargo
cuando, en las líneas anteriores, se establece que primero ha de ocurrir la
intervención del juez.

La confusión constitucional sobre el momento en
el que un funcionario en tales circunstancias debe dejar el cargo es aclarada
por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuyo artículo
28 precisa que, en estos casos: “Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar
a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su
empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales
competentes”.

El adverbio inmediatamente no deja lugar a dudas. La
gestión de López Obrador quedó suspendida el jueves por la noche. Podrá regresar
a ella cuando termine el litigio judicial. La Cámara de Diputados tendría que
haber mencionado esa disposición para evitar la confusión que ha prevalecido
acerca la autoridad responsable del gobierno de la ciudad de México.

Ese
desconcierto ha sido mayor después de la inopinada y absurda decisión de la
Asamblea Legislativa del DF para desconocer el desafuero y enfrentarse, así, a
la soberanía de la Cámara de Diputados.

López Obrador se encuentra tan
convencido de que la separación del cargo ocurrió de manera simultánea al
desafuero que se ha mantenido alejado de las oficinas del gobierno del DF y, al
menos formalmente, no ha tomado una sola decisión ni suscribe documentos con la
investidura que tuvo hasta el jueves. Sin embargo algunos de sus partidarios y
defensores insisten en que sigue siendo jefe de Gobierno. El más afectado con
ese nuevo motivo de litigio puede ser el propio López Obrador, cuyo proceso
judicial puede demorarse aun más.

Fuente: La Crónica de Hoy – México