La maniobra de trasfondo electoral del presidente Toledo pone en duda la estabilidad de la estructura de gobierno.

Editorial

El pedido de renuncia a todo el gabinete producido por Alejandro Toledo en las últimas horas abrió un camino de incertidumbre sobre el futuro político del Perú. La renuncia de dos de sus colaboradores cercanos y el nombramiento del nuevo canciller han fragmentado el consenso interno y dejado prácticamente acéfala a la gestión gubernamental. El país se encuentra literalmente en una situación de vacío gubernativo.

Toledo argumentó que el pedido de renuncia responde a aclarar el panorama electoral relativo a las próximas elecciones generales en abril de 2006, y a allanar el camino a quienes quieran presentarse como candidatos y cumplir con sus aspiraciones personales. La ley peruana dispone que quienes participen en procesos electorales no pueden desempeñar responsabilidades públicas. Con este pretexto el mandatario sacudió la estabilidad de su Consejo de Ministros.

La envergadura de la decisión tomada no se funda, sin embargo, en ese único motivo. Éste constituye sólo una explicación de forma frente a un proceso mucho más complejo. Toledo desea en realidad, distanciarse de quienes en un futuro cercano puedan transformarse en elementos díscolos (o desestabilizadores). La intención del presidente es contar con un gabinete de absoluta lealtad, no tentado por la opción electoral. Por ello pide a sus ministros que examinen sus conciencias y definan el compromiso que están dispuestos a asumir.

El segundo motivo responde a una confrontación de intereses. La renuncia de presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, y del Ministro de Vivienda, Carlos Bruce, coincide con el nombramiento del nuevo canciller, Fernando Olivera, líder del oficialista Frente Independiente Moralizador. Olivera había declarado su aprobación hacia la legalización de la hoja de coca en Cuzco, brindando su apoyo al presidente de dicha región, Carlos Cuaresma, aliado del dirigente. Tal declaración provocó el enojo de la mayoría de los ministros y abrió un frente de debate en el seno de gobierno. El aval otorgado por Toledo a la figura de Olivera (al nombrarlo canciller) provocó la presentación de las renuncias.

No es difícil especular con que Toledo haya utilizado la figura de Olivera para separar a leales de los dudosamente amigos. La designación generó una polémica seguramente esperada por el presidente, y utilizada para depurar el gabinete. Ocurre que en esta maniobra el país (cuyo desempeño social es alarmantemente crítico) se queda sin conducción ejecutiva y en la necesidad de formar un nuevo gobierno. Toledo se encontraría en la obligación, en los próximos días, de formar un gabinete de ministros completo, idóneo para la gestión pública.

Los próximos días serán decisivos para conocer el desenlace de este proceso. Si fue útil para producir una más sólida conducción (o al menos más leal) o si fue barrido por las especulaciones electorales produciendo una peligrosa inestabilidad institucional. La urgencia de la agenda peruana no parece ofrecer margen para este tipo de maniobras. El peso de la responsabilidad recaerá, lógicamente, sobre la sensatez política demostrada por el propio presidente del gobierno.