El principal combustible de la campaña que llevó el ex obrero Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, hace dos años, se debilitó y buena parte de su sobrevida se debe al inesperado crecimiento económico de 5% en 2004.

Opinión: Mario Osava
En la última encuesta divulgada, realizada del 14 al 17 de este mes, la gestión
del gobierno recoge la aprobación de 45 por ciento de los consultados por el
instituto Datafolha, 10 puntos porcentuales más que en agosto, cuando el país
aún sufría los efectos del estancamiento del año pasado. Ahora, sólo 13 por
ciento calificó la administración de “mala o pésima”.

Sin embargo, el
triunfo del pragmatismo de Lula frustró a muchos de quienes esperaban cambios
económicos y sociales relevantes. Viejos aliados y compañeros de ruta pasaron a
la oposición, por considerar traicionadas las ideas izquierdistas y promesas del
ahora gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Tres diputados y una
senadora se rebelaron ante las nuevas orientaciones del PT y lo abandonaron para
construir el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). El partido liderado por Lula
contaba al comienzo de su mandato de cuatro años, el 1 de enero de 2003, con 94
de los 513 diputados y con 14 de los 81 senadores.

También dos pequeños
partidos de izquierda, el Democrático Laborista y el Popular Socialista, dejaron
la coalición que apoyó al candidato del PT en las elecciones de octubre de 2002
y que también conforman los conservadores partidos Laborista Brasileño, Liberal,
el Progresista y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), entre
otros.

El PMDB decidió apartarse del gobierno en una convención
nacional, que sus dirigentes que ocupan lugares en el gabinete ministerial
lograron anular apelando a la justicia. Las decepciones se extendieron también a
sectores de la sociedad civil. La autorización temporal de las siembras
irregulares de soja genéticamente modificada, la decisión de mantener el
programa nuclear, el fracaso en contener la deforestación amazónica y otras
claudicaciones frustraron los ambientalistas, por ejemplo.

El Movimiento
de los Sin Tierra (MST), que moderó sus acciones el primer año de gobierno de
Lula, volvió este 2004 a sus ocupaciones de predios y sedes gubernamentales,
especialmente en el llamado “abril rojo”, una movilización cuyo nombre apeló al
color de sus emblemas. La presión obligó el gobierno a fijar la meta de entregar
tierras para trabajar a 430.000 familias en un lapso no mayor de 2006, de las
cuales 115.000 este año. Empero, se incumplió esa promesa en lo que corresponde
a 2004 y, además, la reforma agraria “no camina”, dejando sin perspectivas a las
200.000 familias que viven en campamentos a la espera de lograr asentarse,
comentó Joao Pedro Stédile, uno de los coordinadores del MST, que reúne a
campesinos en busca de parcelas improductivas para trabajarlas.

Varios
movimientos sociales también se apartaron del gobierno, aunque sin pasar a la
oposición abierta. Uno de ellos es la Central Unica de Trabajadores (CUT),
hermana sindical del PT, que terminó por expresar sus insatisfacciones este mes
a través de una marcha a Brasilia para reclamar un “salario mínimo digno” y la
reducción de impuestos sobre los salarios. Lula acogió parcialmente los
reclamos, anunciando un aumento de 30 por ciento en el salario mínimo a partir
de mayo. En general los activistas reconocen que se ampliaron en este gobierno
los mecanismos de participación. Además de los consejos en los que tienen voz
distintos sectores sociales y empresariales, se realizaron varias conferencias
nacionales, que culminaron procesos de consultas locales y estaduales para
definir políticas ambientales, para la mujer y la juventud, entre otras.


Pero la crítica más frecuente se dirige a la política monetarista en
materia macroeconómica, un rumbo aún recomendada por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), continuando e, incluso, profundizando, la orientación del
gobierno anterior, blanco de duros ataques del PT. Mensualmente, los empresarios
del área productiva, “aliados” cortejados en la campaña electoral, son otros que
manifiestan su “frustración” ante la decisión del Banco Central de mantener su
tasa básica de interés entre las más elevadas del mundo, buscando contener la
inflación.

La actual dirección del Banco Central recibió esa tasa en
25,5 por ciento en enero de 2003, la bajó a 16 por ciento este año, pero desde
septiembre la viene elevando nuevamente hasta el 17,75 por ciento vigente desde
15 de diciembre. A eso se suma un ajuste fiscal sin precedentes, con una meta de
superávit primario (sin contar el pago de la deuda) equivalente a 4,5 por ciento
del producto bruto interno (PBI), superando la recomendación del FMI y cumplida
con creces. Si se incluye el servicio de los adeudos, se está frente a un
déficit fiscal de casi cuatro por ciento.

De cualquier modo, tantos
frenos no impidieron que la economía creciera 5,3 por ciento en los tres
primeros trimestres de este año, esperándose que termine el año en cinco por
ciento. El gobierno aprovecha ese éxito buscando acallar los críticos. Brasil
entró en un largo ciclo de crecimiento, porque juntó, por primera vez en 30
años, equilibrio presupuestario, inflación controlada y cuentas externas
favorables, según explicó el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, considerado
el “hombre fuerte” del gobierno.

En el área social, pese a la limitada
capacidad de inversiones públicas debido al esfuerzo fiscal, se confía en los
efectos positivos especialmente de la llamada Beca-familia, un plan que ya
beneficia a 6,57 millones de familias pobres, con una ayuda de 15 a 95 reales
(5,55 a 35 dólares) mensuales. La meta es alcanzar 11,4 millones de familias en
2006. La beca, que unifica varios mecanismos de transferencia de renta, forma
parte del “Programa Hambre Cero”, que, además de asegurar alimentación a los muy
pobres, promueve educación, salud, la agricultura familiar, microcrédito,
saneamiento básico y otras mejoras “estructurales”, fomentando el desarrollo de
economías locales.

Mantener el crecimiento económico, ampliar los
programas sociales y generar mas empleos son objetivos para el próximo año
anunciados por Lula. Cumplirlos es vital para sus planes de reelección en 2006.
Para eso el gobierno pretende poner en marcha medidas para crear “un ambiente
más favorable a las inversiones”, como una menor tributación de los salarios,
más seguridad ciudadana y rapidez en los procesos judiciales, además de la
reducción de las dificultades para abrir o clausurar empresas.

El
ministro Palocci anunció también que propondrá al Congreso una ley concediendo
autonomía operacional al Banco Central, para “mejorar la gestión de la política
monetaria”. Es una idea polémica que debe provocar nuevas disensiones en el PT y
las fuerzas que siguen apoyando el gobierno. Combinar ortodoxia económica con
crecimiento y avances sociales es el reto que Lula y su gobierno asumieron,
aunque les costó la pérdida de aliados y la destrucción de muchos sueños. La
popularidad del presidente indica que la esperanza se mantiene en amplios
sectores populares, que reconocen la mejora económica de este semestre.


Fuente: Agencia IPS