“Llegan informaciones sobre el terreno de que 200.000 personas se han quedado sin hogar y más de 25.000 han sido arrestadas por comercio ilegal (el tipo de comercio que llevan haciendo durante años). En las frías noches de invierno, el gobierno les niega cualquier asistencia”.

Relaciones Internacionales

Un tema debería haber estado en la primera línea del debate mientras el Presidente Bush se reunía con cinco líderes africanos esta semana — Zimbabwe. Tres de los líderes, los de Mozambique, Botswana y Namibia, proceden directamente de países colindantes con el régimen despótico de Robert Mugabe, pero ninguno de ellos ha tenido el valor de hacer saber su constante disensión con el régimen que ha supervisado la amplia destrucción y muerte de ultramar. Mientras que los requisitos de la diplomacia discreta se comprenden, seguramente ha llegado el momento de las palabras duras y las acciones — con un tercio de la población muerta o huyendo del país.

 

Y las acciones no llegarán pronto. Hace pocos días, el gobierno de Zimbabwe prohibió a los grupos humanitarios asistir a miles de familias cuyas esqueléticas casas y negocios informales fueron destruidos bajo una iniciativa controvertida del gobierno para ´limpiar´ ciudades y pueblos. El presidente Robert Mugabe ha estado ajustando las cuentas con los que votaron a la oposición en las últimas elecciones. Y parece que para controlar completamente a su población, quiere expulsarla de las ciudades hacia las áreas rurales. Miles mueren cada semana en lo que va a superar rápidamente a la tragedia de Darfur como el peor desastre humanitario del mundo.

 

Los presentes ataques contra centros urbanos son parte de una estrategia para obligar a volver a la tierra a quizá 2 millones de personas, donde pueden ser controladas más fácilmente. Un alto funcionario del Ministerio de Seguridad Social de Zimbabwe, que aprueba la asistencia humanitaria, me dijo que se había ordenado a los gobernadores de las provincias que bloquearan a los grupos de donantes a la hora de distribuir comida y ropa, aparentemente porque el gobierno central teme que aceptar tal ayuda haría tentador admitir las carencias de su altamente impopular campaña. “Al autorizar a los donantes, el gobierno estaría admitiendo que sus acciones han causado una crisis humanitaria. Así que los donantes serán mantenidos al margen mientras el gobierno traza soluciones al problema”, dice un funcionario, que no quiere ser nombrado por temor a represalias.

 

Llegan informaciones sobre el terreno de que 200.000 personas se han quedado sin hogar y más de 25.000 han sido arrestadas por comercio ilegal (el tipo de comercio que llevan haciendo durante años). En las frías noches de invierno, el gobierno les niega cualquier asistencia. Por ejemplo, en la provincia de Manicalandia, al este, el gobernador Tinaye Chigudu evitó que las organizaciones no gubernamentales (ONGs) distribuyeran medicinas y comida. Declaró a una cadena de noticias local que lo había hecho sólo porque quería consultar con sus superiores en Harare. Chigudu dijo:

“[Las ONG] me vinieron con propuestas que incluían medicinas, comida y repatriación. Les dije que retuvieran la asistencia porque necesitaba consultar con mis superiores en el gobierno. Existe una política nacional sobre donaciones, y no puedo ir contra ella. No quise encontrarme en la situación inusual de ser el único gobernador trabajando de modo diferente a otros gobernadores y autoridades locales. Pero eso no significa que se les prohibiera.

“Esto es una limpieza social para intentar erradicar a la oposición”, dice Trudy Stevenson, una diputada de la oposición cuyo electorado del norte de Harare incluye Hatcliffe, donde se han demolido las viviendas de 30.000 personas junto con un orfanato para niños cuyos padres habían muerto de SIDA. “Es horrible. Están forzando a la gente de las áreas rurales a deshacerse de elementos problemáticos para cerciorarse de que no pueden retar al régimen”, añadió.

 

Según fuentes informadas, algunas ONG habían recurrido a medios clandestinos para distribuir la ayuda a algunas de las familias expulsadas. El año pasado, Harare prohibió a los grupos humanitarios la distribución de asistencia en Zimbabwe, a excepción de unos cuantos grupos a los que se permitió dar ayuda limitada a grupos concretos, como huérfanos, pacientes de VIH / SIDA y ancianos.

Este mes, Zimbabwe aceptó a regañadientes que el World Food Programme ayudara a alimentar a unos 4 millones de personas — un tercio de su población — que afronta este año la muerte por desnutrición. El Ministro de Bienestar Social, Nicholas Goche, negó que hubiera necesidad de que las ONG se implicaran, en primer lugar porque el gobierno estaba implementando medidas para garantizar que no hubiera un desastre humanitario creado como resultado de las expulsiones de familias pobres de las ciudades y pueblos. “El gobierno está controlando la situación”, declaró Goche.

 

Pero con el colapso económico, el comercio informal ilegal, la inflación rampante y los desestabilizadores del SIDA y la malaria, lo que controla el gobierno es el peor desastre humanitario del mundo. ¿No va siendo hora de una resolución de la ONU como la de Darfur?

 

Roger Bate es miembro asociado al AEI.

Fuente: American Enterprise Institute