Con una tasa de afiliación baja, los sindicatos han nutrido sus ingresos con variadas fuentes de financiación pública, difuminadas por la opacidad de sus cuentas

La futura Ley de Transparencia que tramita el Parlamento español va a obligar a los sindicatos y a otras entidades que reciben ayudas públicas a informar sobre sus cuentas, algo que hasta ahora no tenían que hacer. CCOO y UGT, los sindicatos más importantes, dicen que en torno al 70% de sus ingresos provienen de las cuotas de sus afiliados. Pero en la opinión pública sigue viva la sensación de que hay demasiadas subvenciones para los sindicatos.

En una entrevista publicada por El País en abril de 2013, Cándido Méndez, secretario general de UGT, explicaba que un 72% de los ingresos del sindicato provienen de las cuotas de sus 1,16 millones de afiliados, que suponen unos 100 millones de euros.

Por su parte, la Fundación 1º de Mayo, de CCOO, publicó en mayo de 2012 un informe en el que afirma: “Las subvenciones apenas representan el 10% del presupuesto global de los sindicatos, cuya principal fuente de financiación son las cuotas regulares de sus afiliados, así como los ingresos obtenidos por la prestación de servicios” (1).

En concreto, CCOO declaraba en 2011 un presupuesto de 168 millones de euros, de los que el 70% procedía de las cuotas de sus 1,2 millones de afiliados; el 12% de la prestación de servicios a los no afiliados que acuden a sus asesorías jurídicas y técnicas; el 9% en concepto de beneficios de empresas propias y/o participadas (viviendas, seguros, turismo social); y solo otro 9% correspondía a subvenciones públicas.

Sindicatos ricos y pobres
Sin embargo, estas cuentas tan esquemáticas no reflejan del todo el intrincado mecanismo de financiación de los sindicatos. Como explica el exministro Fernando Suárez en un completo análisis, un problema deriva de su naturaleza jurídica: unas veces la legislación se refiere a ellos como “asociaciones de relevancia constitucional” o “instituciones básicas en el sistema político”, y otras como entidades privadas sin fines de lucro, lo que les permite pedir ayudas destinadas también a las ONG (2).

Una fuente de ingresos son las subvenciones directas que reciben de los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas y a veces de diputaciones y ayuntamientos. En los del Estado, hay dos partidas para los sindicatos: una se reparte en función de su representatividad, y la otra –que también incluye a las organizaciones empresariales– se destina a compensar sus actividades de interlocución laboral e institucional.

En 2008 (último año que analiza Suárez) la primera partida era de 15,7 millones de euros, de los cuales 12,5 millones fueron para UGT y CCOO, repartiéndose el resto entre otros 57 sindicatos. Ese mismo año, la segunda partida era de 4,6 millones de euros. De ellos, la CEOE recibió 2,1 millones; UGT y CCOO, 2,2 millones; y los otros 6 sindicatos que tienen participación institucional, el resto. En el ejercicio 2012, ambas partidas se redujeron a 11,1 y 3,3 millones respectivamente.

Las subvenciones de las comunidades autónomas son más difíciles de cuantificar. Para Suárez, una de las más transparentes es la de La Rioja, en cuyos presupuestos de 2007, 2008 y 2009 se incluyen respectivamente 1,3 millones de euros. También hay ayudas más espontáneas: la de Andalucía repartió 300.000 euros entre UGT y CCOO para que llevaran a cabo campañas de sensibilización sobre el agua durante el verano de 2008.

También se detecta que allí donde algún sindicato tiene una mayor sintonía política con el gobierno de turno, es más fácil que se produzca la desviación de fondos públicos hacia las arcas sindicales. Esto es lo que se está destapando últimamente en Andalucía, donde la federación de UGT ha sido acusada por el diario El Mundo de emitir facturas falsas e infladas para justificar subvenciones, o donde dirigentes de UGT y CCOO han sido imputados como “facilitadores” en los ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía.

Que paguen los no afiliados
Además, en cuanto entidades privadas sin fines de lucro, los sindicatos reciben otras ayudas públicas de las Administraciones Públicas y del fondo social de la Unión Europea por gestionar programas de formación profesional (junto a la CEOE) y otros servicios sociales (integración de inmigrantes, igualdad de oportunidades, salud laboral…).

Según el informe de la Fundación 1º de Mayo, en 2010 y 2011 CCOO recibió 200 millones de euros en concepto de formación para el empleo y otros 25 millones para los demás proyectos sociales.

CCOO alega que este tipo de ayudas “no pueden considerarse en sentido estricto subvenciones”, ya que en realidad son “contraprestaciones por la provisión de servicios y desarrollo de programas”. Al mismo matiz se apunta Cándido Méndez, de UGT, cuando dice que los fondos destinados a programas de formación continua no son dinero público pues proceden de un acuerdo de sindicatos y patronal. Sea cual sea el nombre técnico que quieran dar a esas ayudas, lo cierto es que al final son las administraciones públicas las que ponen el dinero para esos cursos.

De todos modos, Méndez tiene una propuesta alternativa a las subvenciones: cobrar un canon a los trabajadores no afiliados que se beneficien de un convenio laboral negociado entre patronal y sindicatos, o del asesoramiento que reciban en la tramitación de un ERE. Para el secretario general de UGT, esta medida es una cuestión de justicia pues los sindicatos contribuyen a mejorar las condiciones de todos los trabajadores, pero solo pagan los afiliados. Si se reduce o elimina la subvención sindical, pensada para cubrir la financiación de los no afiliados, estos tendrían que arrimar el hombro. Hay que tener en cuenta que la tasa de afiliación sindical está en torno al 16% de los trabajadores, y no ha ido a más sino a menos.

Inflación de liberados
Aunque la financiación pública es muy generosa, los empresarios también deben contribuir a cubrir los gastos de la actividad sindical. Como explica José Mª Pérez Gómez en El Confidencial, sobre ellos pesa la obligación legal de cederles locales en el lugar de trabajo. Las empresas (o las Administraciones) pagan los salarios de los liberados sindicales, aquellos trabajadores que dedican su jornada a mediar entre los empleados y la empresa.

Con frecuencia, se ha producido una inflación de liberados. Para Pérez Gómez, letrado de la Seguridad Social, buena parte de los problemas de imagen que hoy tienen los liberados responde al intento de los sindicatos de ampliar en el sector público el número de liberados por encima de lo permitido, “constituyendo este logro tanto una fuente indirecta de financiación como un instrumento clientelar para privilegiar a algunos de sus afiliados”. Pero, a raíz de la crisis, las Administraciones han recortado este gasto. Así, en 2011, la Comunidad de Madrid redujo de 3.500 a 1.930 el número de liberados sindicales en la Administración autonómica para ajustarlos a lo establecido por la ley.

Los sindicatos –y, en ocasiones, sus representantes– también son compensados por participar en consejos de administración de empresas, cajas de ahorro y, hasta 2012, de RTVE, así como en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Por prestación de servicios
Otra vía de financiación de los sindicatos son los ingresos que reciben por la prestación de servicios a los trabajadores no afiliados que acuden a sus asesorías jurídicas y técnicas (los afiliados ya pagan la cuota). Antes de la última reforma laboral, era preceptivo que los sindicatos participaran en los ERES para asesorar a los trabajadores, afiliados o no. Esto les daba derecho a cobrar un porcentaje sobre el importe de cada indemnización percibida por los trabajadores.

El portal financiero elEconomista.es estima que en 2011 los sindicatos se embolsaron una media de 250 euros por cada indemnización. Lo que, multiplicado por los 373.380 personas que afrontaron un ERE, les dio unas ganancias de 93,3 millones de euros. Ahora, la reforma laboral permite que empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo sin necesidad de contar con los sindicatos.

También resulta polémico el patrimonio de los sindicatos. En virtud de un acuerdo firmado con el gobierno en 1981, CCOO y UGT recibieron 1.168 inmuebles vacíos que eran propiedad de la antigua Organización Sindical. Una ley de 1986 les obligó a pagar cuantiosas sumas como compensación por los inmuebles recibidos. Pero un Real Decreto Ley de 2005 volvió a flexibilizar las exigencias, y en 2006 el Consejo de Ministros acordó devolverles algunos de esos inmuebles.

Cuando el Tribunal de Cuentas investiga
Como se les considera asociaciones privadas, los sindicatos no están obligados a publicar sus datos económicos ni a presentarlos al Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado.

Pero eso no significa que todas las actividades que realizan con fondos públicos estén exentas de control; algunas pocas –aunque sea de forma indirecta– sí están supervisadas. Por ejemplo: la Intervención General del Estado audita las cuentas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en la que participan representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y sindicales más representativas (CCOO y UGT). Todos los años los informes han sido favorables.

Ahora bien, no han faltado ocasiones en las que el Tribunal de Cuentas se ha metido a fiscalizar y ha denunciado irregularidades. Así queda reflejado en dos informes de 1998 y 2002 sobre la extinta Fundación para la Formación Continua en la Empresa (FORCEM), que funcionó entre 1992 y 2004 hasta que se fusionó con la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Tras detectar numerosas anomalías (irregularidades en el número de alumnos, cobro de enseñanzas gratuitas, subvenciones a favor de las entidades que forman la Fundación, documentaciones falseadas para inflar los presupuestos, facturas de cursos que no se habían impartido…), el Tribunal de Cuentas obligó a devolver importantes sumas a la CEOE, la CEPYME, CCOO y UGT.

Ante las sospechas de la opinión pública de que las cuentas de los sindicatos son opacas, estos suelen defenderse diciendo que todo lo que hacen es legal. Pero en un momento en que la simpatía hacia los sindicatos está en un nivel muy bajo, apelar al marco legal no es suficiente. Algo van a tener que cambiar para convencer a los ciudadanos de que siguen cumpliendo la función social que les atribuye la Constitución.

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Notas
(1) Pere J. Beneyto, “Legitimidad, derechos sindicales y fuentes de financiación en España y en la Unión Europea”, Fundación 1º de Mayo, 2012.

(2) cfr. Fernando Suárez González, “La situación sindical”, Anales de la Real Academia de Ciencia Morales y Políticas, nº 86, 2009.