El anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley de propiedad intelectual tiene en su formulación aprobada por el Consejo de Ministros y en su tramitación parlamentaria dos retos importantes
Al igual que en el poema de Martín Niemoller “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista… por último vinieron a por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada“ y salvando todas las distancias, con la piratería digital está sucediendo algo parecido.
Primero que un problema de la industria musical con el nacimiento de Napstar y el intercambio de los archivos mp3, en el año 2003 se descargaban de forma ilegal 2600 millones de canciones sin autorización con más pérdidas cercanas a los 1000 millones de euros.
No atajar el problema ha sido demoledor en solo 10 años para autores, discográficas, representantes, tiendas y todos los agentes que intervinieron en la cadena de valor.
Es un sector en el que la copia formaba parte de su cultura desde hace muchos años con las pletinas y los cassettes así como las emisoras de radio que favorecían la copia de “maquetas”. Aun así, el negocio era tan colosal y dependía tanto del LP y su adquisición que los autores se entregaban a la promoción y sus prácticas con tal de asegurarse números 1 y por lo tanto, ventas y actuaciones.
Después fue el software y los videojuegos, posteriormente el cine y las series de televisión y actualmente asistimos a la copia de los libros y el menoscabo de la industria editorial.
Televisiones y periódicos pensaron que estaban a salvo de la quema porque la mayoría de sus ingresos eran publicitarios y durante años han competido para divulgar sus contenidos de forma gratuita y promocionar la difusión en internet como un añadido a las plataformas convencionales. Entonces interesaba más el número de visitas que el pago por las visitas y era irrelevante la calidad de los datos que aportaban las visitas para el mercado publicitario.
Las caídas de la inversión en publicidad por anunciantes privados e institucionales inciden en que no hay tarta publicitaria para todos y en cambios en la mentalidad de anunciantes y consumidores que evolucionan desde, una publicidad de posicionamiento y marca a una publicidad de oferta que tiene en el pay per click el futuro de su desarrollo, así como los accesos exclusivos a descuentos en función de incrementos en el consumo (Groupon, groupalia, hormiguita….)
La evolución en los dispositivos electrónicos de los consumidores y su transformación en terminales de pago, paralelamente al aumento de la seguridad de los pagos en red hacen que al pasar de un pesado portátil a las tablets, ebooks y smartphones, se generalice y democratice su uso. Ya no hay barreras tecnológicas, ni siquiera económicas para acceder a los dispositivos electrónicos.
La industria deposita su defensa en las entidades de gestión de derechos, que dé inicio criminalizaron no a los piratas sino a los usuarios a través del canon digital, ingresos rápidos y sencillos que transformaban a los representantes de los creadores en cobradores de impuestos en busca de su diezmo y consiguieron por su voracidad y corrupción generar un descontento social hacia su función, un rechazo difícil de superar.
El canon digital generó una cultura de impunidad hacia la copia con más usuarios, especialmente en los más jóvenes, que al pagar un sobreprecio por los dispositivos y conocer las cifras multimillonarias que los autores se embolsaban por este sistema, subestimaban los tremendos efectos que estas prácticas generaban en la propiedad intelectual.
Llegados a este punto el anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley de propiedad intelectual tiene en su formulación aprobada por el Consejo de Ministros y en su tramitación parlamentaria dos retos importantes.
En primer lugar garantizar la persecución efectiva de las prácticas y portales que sustentan en la piratería su razón de ser, como elementos desvirtuadores del mercado y como mejor garantía de la industria audiovisual y editorial. El anteproyecto incrementa las sanciones económicas para acabar con estas prácticas.
En segundo lugar restaurar la cultura contra la piratería, clarificar al usuario que actos son legales y cuáles no. Fomentar el acceso a los portales legales y seguros que garantizan contenidos digitales de forma rápida. En este campo la industria también debe hacer el esfuerzo de adaptarse a las peticiones de los usuarios que buscan la compatibilidad del disfrute de los contenidos en los múltiples dispositivos y de forma inminente en la revolución que supondrá los Smart tv.
La reforma no aborda las peticiones mayoritarias de editores hacia la responsabilidad en la financiación de los contenidos de los distintos buscadores de los mismos ni el posible pago de los operadores con sus tarifas en función de los consumos de descarga de los usuarios, ambas soluciones complejas y más si tenemos en cuenta que los operadores ya soportan el pago y modernización de las infraestructuras de telecomunicación.
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