El pasado 10 de septiembre, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto (del PRI) firmó las tres leyes secundarias que completan el ambicioso proyecto de reforma educativa prometido desde que ganara las elecciones.

 En febrero se había promulgado la parte principal, que ya entonces enfrentó al gobierno con el segundo sindicato de profesores más poderoso: el CNTE –el primero, el SNTE, con un largo historial de corrupción, apoya ahora la norma por su tradicional posicionamiento al lado del PRI– . Sin embargo, han sido las leyes secundarias, y especialmente la relativa a la evaluación del profesorado, las que han puesto en pie de guerra a la influyente organización sindical.

Las huelgas y los cortes de carreteras se han sucedido durante días. El gobierno ha aceptado modificar algunos puntos del primer borrador del proyecto, pero sin tocar ninguno de los ejes principales de la reforma: control estatal sobre el acceso al cuerpo docente, evaluación periódica (y con consecuencias laborales) a los profesores, y des-sindicalización del ámbito educativo.

En este último punto, el gobierno se enfrenta a una estructura sindical bien engrasada, y que lleva dominando el sistema educativo durante décadas. Sin embargo, Peña Nieto cuenta con un respaldo político sin precedentes: su reforma educativa es uno de los proyectos incluidos en el Pacto por México, un acuerdo abierto –más bien una declaración general de buenas intenciones– entre los tres principales partidos para reformar algunos de los ámbitos más atrasados de la política mexicana. Además del PRI (el partido de Peña Nieto), el PAN y el PRD han dado su apoyo a la ley, aunque sin esconder algunos desacuerdos.

Según el partido gobernante, el objetivo de la reforma es sacar a México de la mediocridad educativa. Una vez se ha mejorado el aspecto de la cantidad (la cobertura del sistema, sobre todo en la etapa secundaria, ha aumentado significativamente en los últimos años), toca centrarse en la calidad. En las últimas ediciones del informe PISA, la educación mexicana aparece en el último puesto entre los países de la OCDE, aunque por encima de la mayor parte de sus vecinos hispanoamericanos (salvo Uruguay y Chile). Según un informe de la OCDE sobre los resultados en la última prueba, México ya está al mismo nivel que la media de los países de parecido desarrollo económico en lectura y matemáticas; en ciencias sigue claramente por detrás.

La evaluación, la manzana de la discordia
De todos los aspectos de la ley, el más polémico –el que ha llevado al sindicato las calles– ha sido el de la evaluación de los profesores. Los portavoces del CNTE (Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación) arguyen que no se oponen a ser evaluados, sino más bien a las condiciones y las consecuencias de esa evaluación.

De acuerdo con el texto de la ley, los profesores deberán pasar unos exámenes de forma periódica. La frecuencia será decidida por el INEE (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) pero como mínimo habrá uno cada cuatro años. Cada profesor tiene tres oportunidades para aprobar la prueba. En caso de que no lo haga, pierde su puesto: los que ya estaban en el cuerpo de profesores antes de promulgarse la ley, serán derivados a puestos de administración; los nuevos, simplemente serán despedidos.

Además, los profesores que vayan aprobando el examen de ingreso al cuerpo, pasarán seis meses de evaluación previa antes de asegurarse su plaza. En el primer borrador de la ley se establecía un periodo de prueba de dos años, con evaluaciones rigurosas y periódicas. Sin embargo, las sugerencias de los otros partidos implicados en el Pacto por México y la presión del CNTE han hecho que se relaje la exigencia en este punto, lo que no ha gustado a algunos analistas, que piensan que se pierde la oportunidad de asegurar de una vez la calidad del profesorado. Los resultados de las evaluaciones se publicarán por colegios, sin mencionar los nombres de los profesores..

No obstante, la ley sí introduce una novedad que, según sus promotores, será un paso importante en la mejora de la calidad del profesorado: por primera vez en la historia de México, el profesor no tendrá por qué haber estudiado en las “Escuelas Normales”: centros donde se preparan todos los profesores; algo así como las facultades de Magisterio, pero que en México funcionan al margen del resto de la Universidad. De esta forma, se facilita la llegada a la educación secundaria de personas especialistas en algún campo, aunque no hayan estudiado pedagogía. El nivel de estas “escuelas normales” es bastante bajo, como han demostrado unos exámenes recientes que han sido muy comentados en el país.

La evaluación por sí sola no resuelve el problema
Además de las críticas de la CNTE, algunos analistas y expertos en educación han señalado que el principal defecto de la norma es que se centra solo en el aspecto administrativo (forma de ingreso y régimen laboral del profesorado) pero no ataca la raíz del problema: la mala formación de los profesores. Por ejemplo, se quejan de que la ley no concreta cómo se formará al profesor que suspenda por primera vez la evaluación, sino que simplemente se habla de ciertos cursos “gratuitos, idóneos y pertinentes”.

Una noticia en la web mexicana de análisis animalpolitico.com recoge la valoración del INEE, el organismo que con la nueva ley asume la tarea de guiar todo el proceso evaluador. Según Sylvia Schmelkes, presidenta de su junta de gobierno, “no es una reforma pedagógica, no es una reforma curricular, no es una reforma de la formación inicial de los profesores. Es una reforma que pone las condiciones para que esas reformas sean posibles, pero todas las verdaderamente importantes nos siguen haciendo falta”.

Otra de las críticas a la ley es que deja demasiado margen a las administraciones locales para poner en práctica las directrices del INEE. De esta forma, se ha perdido la oportunidad de crear un único sistema nacional para el ingreso y la promoción de los profesores.

Pérdida de poder para los sindicatos
A las críticas sobre los aspectos pedagógicos de la ley, se unen las protestas de los sindicatos, centradas en las condiciones laborales de los profesores. La norma aprobada elimina algunas de las prerrogativas que hasta ahora disfrutaban los principales sindicatos de profesores. Prohíbe, por ejemplo, la extendida práctica de vender o traspasar la plaza pública de profesor, un negocio controlado hasta ahora por los sindicatos.

También elimina la figura de los “comisionados”, representantes sindicales que cobran su sueldo del Estado, y que actualmente suponen más de 100.000. A partir de ahora, serán los propios sindicatos quienes se hagan cargo de su salario.

La CNTE, consciente de que sus reivindicaciones son vistas por gran parte de la población como una defensa de los privilegios injustamente adquiridos durante décadas de corrupción, ha decidido dar a sus argumentos un enfoque educativo. Señalan que no se oponen a la evaluación de los profesores, sino a que esta no sea integral (es decir, que solo se valoren aspectos académicos y no tanto pedagógicos) y a que sea punitiva, o sea, a que tenga consecuencias laborales. También critica que la prueba no tenga en cuenta la diferencia de contexto entre, por ejemplo, el norte y el sur del país, mucho más empobrecido.

El PRI defiende su reforma arguyendo que la calidad del profesorado tiene que estar asegurada en todo el territorio nacional, independientemente del contexto socio-económico del alumnado. Y explican que las quejas de la CNTE son en realidad un llanto por los fueros perdidos.