La nueva ley otorga un enorme poder al gobierno para controlar el mercado de los medios. El escenario que esto prenuncia es tan sencillo como desesperanzador: medios que venden sus valiosos activos a precio de remate a empresarios amigos del Gobierno, quien aprovecha su control sobre la Autoridad de Aplicación para asegurar que la disciplina de éstos se mantenga en el tiempo.
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