Se pretende limitar el derecho al entretenimiento que gusta y a la información en que confía el venezolano, impidiendo que los ciudadanos formulen propuestas, denuncias y reclamos, eliminando el pluralismo de programas informativos y de opinión, imposibilitando el libre flujo del pensamiento y la información para lograr un sistema que el mismo gobierno define como “hegemonía comunicacional e informativa del Estado”.