“Me opongo al CAFTA por una razón muy simple: es inconstitucional. La Constitución concede claramente al Congreso en exclusiva la autoridad para regular el comercio internacional. El texto del Artículo I, Sección 8, Cláusula 3 es indiscutible. Ni el Congreso ni el Presidente pueden abandonar su autoridad mediante tratado, no más de lo que pueden repeler la Primera Enmienda mediante tratado. Este punto fundamental”.