El pasado martes 14 de septiembre, el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibañez, decidió que ésta será la única instancia que retome los procesos de treinta congresistas investigados por presuntos nexos con paramilitares y que renunciaron a sus curules para eludir esa instancia judicial.

Colombia / Parapolítica

La decisión cubrirá a aquellos congresistas cuyos procesos estaban en la Fiscalía y que no han sido fallados. En la actualidad, 20 de esos procesos reposan en manos de la Fiscalía, en tanto que los 10 restantes los llevan jueces penales. La semana pasada, fueron devueltos a la Corte Suprema –por los jueces que los tenían– el caso de Álvaro Araujo Noguera, acusado por la Fiscalía por su presunta complicidad con Rodrigo Tovar Pupo, ´Alias Jorge 40´; el de Ciro Ramírez, quien es investigado por narcotráfico y parapolítica;  el de Rubén Darío Quintero, quien recientemente fue señalado por alias ´El Alemán´, de haber avalado listas al Congreso integradas por paramilitares, y  el de Mario Uribe, por supuestos arreglos con paramilitares, concierto para delinquir y secuestro.

En resumen, más de 70 congresistas colombianos –la mitad de ellos detenidos han sido vinculados por el alto tribunal a esta investigación, que partió de la divulgación, en noviembre de 2007, de un escandaloso pacto de parlamentarios y otros funcionarios con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que en consecuencia renunciaron a su papel de parlamentarios.

De acuerdo con el presidente de la Corte, el alto tribunal se hará cargo de los procesos ya que “si un proceso está en etapa preliminar, automáticamente pasa a la Corte; si está en etapa de sumario, pasa a la el trámite correspondiente. Si está en tema de acusación, irá al tribunal para realizar la resolución correspondiente o resolver como reposición la apelación de la acusación”. De igual manera, aclaró que pasaran aquellos casos de parlamentarios que estuvieron involucrados con paramilitares cuando aunque eran particulares, se encontraban en campaña.

Esto es un gran paso para la justicia colombiana, pues para los parlamentarios acusados de parapolítica, es mejor ser investigados por la Fiscalía que por la Corte Suprema, debido a que con su caso en la Fiscalía, los congresistas aseguraban el derecho de apelar una eventual condena por un tribunal menor y lograban que su estrategia de defensa pasara por dos instancias.