Políticas Públicas

A comienzos de este año, el Tribunal Supremo, actuando una vez más como una panda de maleantes que han fumado demasiada costo [1], dictaminó que el gobierno federal tiene derecho a prohibir que la gente cultive marihuana para fines médicos. El Tribunal se basó en una interpretación de la Cláusula de Comercio de la Constitución, que básicamente concede a los federales control sin límites sobre cualquier actividad que el Congreso o las agencias federales deseen influenciar.

 

El juez Clarence Thomas expuso su elocuente disidencia en donde presentaba lo absurdo de la postura de la mayoría:

 

“Diane Monson y Angel Raich utilizan marihuana que nunca ha sido comprada o vendida, que nunca cruzó las fronteras del estado y que no tiene ningún efecto demostrable sobre el mercado nacional de la marihuana. Si el Congreso puede regular esto según la Cláusula de Comercio, entonces puede virtualmente regular lo que sea — y el gobierno federal ya no tiene poderes contados y limitados… Al sostener que el Congreso puede regular actividades que no son ni comerciales ni interestatales bajo la Cláusula de Comercio Interestatal, el Tribunal abandona cualquier intento de implementar los límites de la Constitución sobre el poder federal“.

 

La mayoría del Tribunal basó su veredicto en el caso de 1942 de Wickard contra Filburn. Éste es uno de los hitos más mal interpretados del último siglo. La confusión acerca de la política agraria desembocó en el minado de la libertad de todos.

 

La administración de Franklin Roosevelt había creado una clase legal de ciudadanos separada — los granjeros del trigo — y había reducido al mínimo su libertad para incrementar los precios del trigo. En Wickard, el Tribunal Supremo, por primera vez, se entrometió de lleno en las nuevas regulaciones administrativas procedentes del giro a los años treinta. Básicamente, los jueces se ignoraron a sí mismos a través de su completa falta de comprensión de las políticas federales que llevaron a la toma de facto de cada granja de trigo.

 

La política agraria y el Tribunal

A partir de 1933 en adelante, Roosevelt utilizó todos los medios posibles para incrementar los precios de las cosechas. Pero al prometer pagar a los granjeros mucho más del valor de mercado de sus cosechas, el Nuevo Acuerdo de Roosevelt alentó a los granjeros a producir mucho más de lo que podría venderse a los precios controlados por el gobierno. Los políticos animaron a los granjeros a sobreproducir, y después citaron los excesos como prueba de la necesidad de control político sobre la agricultura.

 

A comienzos de 1938, el Departamento de Agricultura dictó cuántos acres de trigo podía producir cada uno de los 1,5 millones de granjeros de América. Los administradores gubernamentales estaban tan preocupados por mantener el dominio del suministro de trigo que expropiarían la cosecha entera de un agricultor si cultivaba un solo acre de trigo más de lo permitido por los burócratas agrícolas federales.

 

Cuando la política agrícola fue desafiliada por un granjero de Indiana, la administración Roosevelt lanzó un ataque legal en toda regla, declarando en su escrito ante el Tribunal Supremo que tiene que tener más mano libre para “suprimir… un mal público”. Pero los excesos del trigo que la administración Roosevelt etiquetaba como un mal eran generados por las promesas de los políticos de pagar a los granjeros mucho más por sus cultivos de lo que podrían recaudar en un mercado abierto.

 

En su veredicto, el tribunal observaba,

 

“La industria del trigo ha sido una industria problemática durante años. En gran medida como resultado de la creciente producción extranjera y las restricciones a la importación, las exportaciones anuales de trigo y harina de Estados Unidos durante el período de diez años que termina en 1940 fueron de media menos del 10% de la producción total, mientras que durante los años veinte eran de media más del 25%. El declive en el comercio de las exportaciones ha dejado un gran exceso de producción que en conexión con un suministro de trigo anormalmente grande y otros cultivos de los últimos años han causado la congestión de un buen número de mercados….“

 

Sin embargo, el Tribunal omitió mencionar que la administración Roosevelt había saboteado intencionadamente y minimizado las exportaciones de trigo con el fin de aislar a los granjeros americanos del mundo de los precios de mercado y dar control político sin límites sobre los precios nacionales.

 

La política agrícola general elevó los precios del grano hasta casi triplicar el nivel de los precios del mercado mundial en 1941; no es sorprendente que pocos extranjeros quisieran comprar trigo americano a precios exorbitantes.

 

El economista ganador del premio Nobel Theodore W. Schultz denunció los programas agrícolas del Nuevo Acuerdo por “levantar una ´muralla china´ alrededor de los granjeros exportadores”. En 1935, Roosevelt hasta se jactaba de la destrucción de las exportaciones agrícolas por parte de su administración:

 

“Ahora, sin que los excesos en la exportación reduzcan el bienestar de los granjeros, con precios más justos, los granjeros tienen realmente la oportunidad por primera vez en esta generación de beneficiarse de los métodos mejorados“.

 

La administración Roosevelt asesino primero las exportaciones de trigo y después se lanzó a la clemencia del Tribunal con el argumento de que los granjeros del trigo estaban huérfanos.

 

El Tribunal observaba además en Wickard,

 

“Es de la esencia de la regulación que subyace una mano de control en el propio interés del regulado y que en las ventajas de la regulación comúnmente se escapan a otros….

 

“… A duras penas es un proceso ausente para el gobierno regular lo que subvenciona“.

 

El Tribunal concluyó que el gobierno estaba justificado incluso en la restricción “de la cantidad de trigo… que uno puede recurrir para el mercado produciendo para sus propias necesidades”. Según el Tribunal, el intento del gobierno por beneficiar a unos cuantos granjeros concedía a los funcionarios gubernamentales la autoridad para controlar absolutamente a todos los granjeros del trigo — incluso a los que no vendían su trigo.

 

La noción de que se encomienda al gobierno regular lo que subvenciona básicamente permite que el Congreso, el presidente y los burócratas federales se hagan con el control de aquello a lo que destinan dinero.

 

Los efectos de Wickard

El veredicto del Tribunal Supremo en 1942 en Wickard santificó los controles federales. En 1953, Dwight Eisenhower llegó al cargo y nombró a Ezra Taft Benson Ministro de Agricultura. Benson quería volver al cultivo para el mercado libre, pero el Congreso lo rechazaba, fijando en su lugar apoyos al precio que a grandes rasgos doblaban los precios mundiales e imponiendo controles obligatorios a la producción sobre los granjeros del trigo y del maíz.

 

En 1955 y 1956, la USDA arrestó o demandó a más de 1.500 granjeros por cultivar más trigo del permitido. Stanley Yankus, granjero de Michigan que cultivaba trigo ilegalmente para alimentar a sus gallinas, declaraba en el Comité de la Cámara de Agricultura en 1959,

 

“No estoy luchando por el derecho a cultivar trigo. Lucho por el derecho a tener propiedades. Si se me prohíbe utilizar mi tierra, entonces es que no la poseo. ¿Cómo podéis justificar vosotros, congresistas, leyes que han destruido mis medios de ganarme la vida?“

 

Pero puesto que el Congreso estaba aún metido en el asunto de cuidar de los granjeros, se tuvo que prohibir a los granjeros utilizar sus propias propiedades según quisieran.

 

En 1963, los granjeros de trigo votaron en un referéndum nacional si querían continuar con los controles obligatorios federales sobre la producción de trigo. En aquella época, los programas agrícolas estaban siendo ferozmente criticados. El Secretario de Agricultura, Orville Freeman, promulgó un “juramento de lealtad”, que exigía que todos los granjeros elegidos por los comités locales de la USDA jurasen “apoyar todos los programas agrícolas del gobierno”. Un comité de la USDA en Dakota del Sur utilizó dinero del contribuyente para montar una miniatura del ferrocarril en una feria del estado, mostrando una estación con un ferrocarril retorcido y dos señales que rezaban “No deje que los opositores al programa agrícola le arrinconen en un callejón sin salida”, y “la libre empresa arruinó este tren”.

 

Los empleados de la USDA dijeron a los granjeros que el tema de las elecciones era simple: “trigo a dos dólares versus trigo a un dólar”. La USDA enterró a los granjeros en más de 5 millones de copias de siete panfletos diferentes animándoles a votar a favor. Los empleados federales hasta “apretaron las tuercas a los bancos para que comprasen espacio publicitario en prensa a favor del voto positivo”. A pesar de la elevada presión del gobierno, los granjeros rechazaron la prolongación de los controles gubernamentales obligatorios.

 

Sin embargo, el arsenal de programas de subsidio continuó. Los cajeros creyeron que podrían disfrutar de los beneficios sin los controles. Una década más tarde, el gobierno federal impuso un embargo sobre las exportaciones de trigo, interrumpiendo lo que los granjeros creían que era su derecho innato al mercado mundial. En 1980, el Presidente Carter embargó las ventas de trigo a los soviéticos.

 

La historia de los programas agrícolas ilustra que cada subsidio crea un vacío de poder — un vacío que será ocupado con el tiempo por la ambición burocrática o política. Asumir que los subsidios no recortan la libertad es creer que a los políticos no les gusta el poder. Sólo es cuestión de tiempo que algún político o algún burócrata encuentre interesante ejercer el poder latente en el subsidio. Los políticos y los burócratas llegan a sentir que el dinero que reparten es el suyo — e intentarán ejercer los derechos de gestión inherentes a la propiedad pública que durante tanto tiempo han negado a los dueños de la propiedad privada. Tan pronto como el dólar del contribuyente entra en Hacienda, se convierte en propiedad política-burocrática, a ser utilizada según les plazca a políticos y burócratas. Los subsidios exigen que los políticos se hagan con el pago de los ciudadanos y después lo utilicen para comprar su sumisión.

 

Por otra parte, con el reciente veredicto de la marihuana del Tribunal Supremo, esta doctrina se estira hasta cubrir los extremos. Como resultado de una decisión legal horrible decretada hace más de 60 años, el Leviatán federal es capaz de continuar expandiendo su control sobre las vidas del pueblo americano.

 

James Bovard es el autor de La traición de Bush (Palgrave Macmillan, 2004), Terrorismo y tiranía (2003) y otros seis libros, y sirve como consejero político de la The Future of Freedom Foundation.