O tal vez alguien puede afirmar que en Bolivia sí hay inversiones grandes y de largo plazo, que hay petroleras transnacionales, que la construcción tiene una bonanza, que hay miles de hectáreas de soya. Para responder este argumento podríamos decir que en realidad no han entrado nuevos operadores petroleros desde la nacionalización y que las inversiones en construcción y soya se recuperan en un menor plazo que las inversiones en una planta que necesita varios años antes de dar frutos. Pero más importante es entender que ni la inversión ni la seguridad jurídica son cualidades finitas.

Es decir, no son atributos que existen al 100% o no existen, sino más bien son continuas. No existe un país que tenga 0 seguridad jurídica ni tampoco un país con 0 inversión. Pero podemos comparar países y decir que en A existe mayor seguridad jurídica que en B. Y si entendemos que la seguridad jurídica no es una cualidad finita y estamos de acuerdo en que a mayor seguridad jurídica habrá más inversiones, entonces el contraargumento de que en Bolivia hay inversiones millonarias y por lo tanto hay seguridad jurídica pierde validez. 

Bolivia tiene inversiones que van acorde a su nivel de seguridad jurídica, por ejemplo es más seguro invertir en Bolivia que hacerlo en Irak o en Afganistán, por ello podemos esperar que Bolivia tenga más inversión que esos países. Bolivia tiene menos seguridad jurídica que Australia, Estados Unidos o Uruguay y por ende podemos esperar que la inversión en Bolivia sea menor que en aquellos países. Entonces la pregunta es ¿cuánta inversión adicional podríamos haber atraído si tuviéramos niveles de seguridad jurídica similares a los de Australia? ¿Cuánto habría bajado la pobreza y el desempleo? ¿Cuántos edificios, viviendas, hectáreas de cultivos y fábricas adicionales habría?
 

El costo de la inseguridad jurídica no se ve, porque es el costo de lo que se dejó de crear y producir, pero es un costo real y muy alto.