“…Ninguna genuina democracia republicana en el mundo ha resultado contradictoria con el desarrollo económico…”

Insatisfacción que se agrava cuando se comprueba que, además de no haber transitado un sendero de eficiencia, tampoco efectuamos una construcción de equidad social que pueda resultar un argumento valido para la referida insuficiencia económica.

En objetivos términos económicos, el PIB por habitante a fines de 1983 en Argentina era del orden de los 7.000 dólares. Actualmente, resulta apenas superior a los 8.000 dólares. Un incremento del +15% en 26 años significa una evolución de largo plazo de solo alrededor del +0,5% anual. Es casi la ausencia del crecimiento.

Ninguna genuina democracia republicana en el mundo ha resultado contradictoria con el desarrollo económico. Las hay con mayores y menores efectos relativos sobre sus economías, pero todas con un crecimiento sostenido.

Las democracias republicanas aplicadas en los países actualmente desarrollados (que no siempre lo fueron) son versiones “full” y no solo “base” como la que habita entre nosotros, parafraseando a la industria automotriz.

Podríamos denominar “base” a las democracias restringidas casi solamente a las periódicas y sucesivas elecciones plebiscitarias, sin respetar los fundamentales principios de los necesarios límites del poder ejecutivo, la efectiva separación de los 3 poderes y una justicia realmente independiente.

La ausencia de estas condiciones, afectan directamente al bienestar general y a la concreta calidad de vida de la población, porque el arreglo institucional que deviene de estas falencias impide el balance y contrapeso de las mayorías y minorías, las alternancias en el poder y las libertades de prensa y expresión.

El inevitable resultado de la discrecionalidad siempre es la corrupción, denominador común de todos los gobiernos que desprecian los principios republicanos. A su vez, la corrupción, muy propensa a generalizarse, es una de las principales causas de la ausencia de crecimiento económico.

La corrupción tiene 2 efectos económicos directos. El primero, porque funciona como un “impuesto no legislado” que despilfarra recursos de los pobres al encarecer, en el valor de la alícuota de la “tasa de corrupción”, las obras y los servicios públicos.

El segundo tiene que ver con la eficiencia en la asignación de los recursos. Cuando la guía son solo las “coimas”, se destinan fondos públicos a obras y servicios innecesarios o sobredimensionados o deficientemente construidos, cuando no inexistentes. El costo siempre será la utilización productiva que podría haberse efectuado con ellos.

Muchas ONG han identificado en nuestro país más de 3.400 casos de corrupción durante los últimos 25 años. Alrededor de 800 de ellos superan los 100.000 dólares cada uno. Ya analizados un 35% de los casos, se han determinado mas de 13.000 millones de dólares en corrupción y criminalidad económica.

Una lógica extrapolación indicaría aproximadamente 40.000 millones de dólares desviados desde la sociedad en su conjunto hacia empresarios y funcionarios corruptos, mediante la ortodoxa combinación de sobreprecios y “retornos” respectivamente.

A estas pragmáticas consecuencias de las democracias solo “base”, se une en el caso de nuestro país un costo moral muy bajo de incurrir en la corrupción, porque tiene un nivel de tolerancia social muy alto, especialmente durante los ciclos económicos de expansión, emblematizada por el “roban pero hacen”.

Definitivamente y sin cuestión ideológica alguna de por medio, las democracias solo “base” producen economías contaminadas de corrupción y estas siempre resultan en la producción de menos bienes y servicios a mayores precios. Además de resultar una muy relevante cuestión moral, la erradicación de la corrupción seria una concreta política pública activa hacia una mayor calidad de vida de todos, no solo de algunos.

Castor López, Presidente de RECREAR para el crecimiento de Santiago
Fuente: FUNDACIÓN ATLAS