¿Se trata de argumentar? ¿Es necesario –incluso, útil- seguir desgranando argumentos que muestran la patética sinrazón de la iniciativa oficialista de apropiación de los ahorros previsionales? ¿O se trata de tiempo perdido, que debe volcarse a la resistencia política al despropósito?

Ricardo Lafferriere

A una semana de iniciado el “efecto Cristina” que contribuyó alegremente a agravar una crisis mundial que todo el resto del mundo trata de corregir, los argentinos comienzan a salir de su shock. Cabe en este punto reconocer un mérito: la pareja cleptómana ha superado la imaginación más creativa. No es sencillo generar sorpresa en nuestro país, luego de tantas experiencias traumáticas. Sin embargo, lo han logrado.

            Pero los argentinos están despertando, como se nota en el crecimiento exponencial de la participación en Facebook y otras redes sociales, articulando argumentos y acciones para resistir el despojo. A estar por esta conmoción que se nota en el mundo virtual, en poco tiempo el “mundo real” se pondrá realmente interesante. Este movimiento aún no expresa a los más shockeados, compatriotas de mediana edad no demasiado duchos en el manejo de las herramientas virtuales pero tan o más indignados que los jóvenes traicionados en su confianza y sus derechos, que seguramente profundizarán su contacto y articularán sus acciones en los próximos días.

            La seducción por “transferir” del matrimonio K parece no tener límites. La lectura del artículo 7 de su proyecto (“Transfiérense en especie a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias..”) deja abiertas todas las incógnitas.

            Si de “transferir” se trata, mañana podríamos encontrarnos con otras leyes, que esta vez ordenaran “transferir” a la administración nacional los saldos positivos en cuenta corriente que existan en los bancos. O los saldos de depósitos a plazo fijo. O los títulos accionarios o valores depositados en bancos o Cajas de Seguridad. O –si se les despertara el atractivo por las operaciones inmobiliarias para las que al parecer son tan afectos en sus pagos- transferir al Ministerio de Infraestructura los títulos de propiedad de los edificios financiados con fideicomisos…. En realidad, no habría ninguna diferencia jurídica entre todas estas hipotéticas transferencias: son todos bienes ajenos “protegidos” por el derecho de propiedad del mismo valor legal y con la misma fuerza jurídica que los depósitos previsionales privados, que según el artículo 82, ley 24241, con la sobriedad de las leyes normales dispone que “el fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece a los afiliados…” En realidad, la administración K cumple el sueño de Al Capone: poder “transferir” a su patrimonio por su propia decisión, lo que se le ocurra que integre el patrimonio ajeno.

            Se podría argumentar que en este caso se trata de una transferencia al Estado. ¿Y? ¿El Estado puede “transferirse” lo que se le ocurra a quien gobierne, sacándoselo a sus propietarios a pesar de su protección constitucional? ¿Puede pretenderse seriamente que eso es posible en un “estado de derecho”? ¿o le queda mejor el rótulo de “estado delincuente”, gobernado por una asociación ilícita a cuyo frente los  remedos  de “Bonnie and Clyde” han diseñado un mecanismo de saqueo pasando por encima de todos los controles y reglamentos para apropiarse del propio patrimonio público? ¿No lo hicieron con las tierras públicas de Calafate? ¿No lo hicieron con el negociado de Skanska? ¿No lo hicieron con los fondos de Santa Cruz? ¿No lo hicieron con las comisiones en los gasoductos y autopistas? ¿No lo hicieron –y lo hacen- con bolsos de dinero recaudados en diferentes actos administrativos con una displicencia tal que hasta se olvidan de parte del botín en los baños de los Ministerios? ¿No están anunciando que hasta designarán directores en las empresas en las que se han invertido los ahorros previsionales, llegando a una estatización generalizada de la economía sin poner un peso sino, al contrario, apropiándose brutal y delictivamente de esas inversiones? ¡ni Chaves se animó a tanto!

            “Las comisiones eran altas”, dicen. Otra vez: ¿Y? ¿No acaban de sancionar hace menos de un año una ley que ponía un techo a esas comisiones? ¿Por qué no comparan esas comisiones con los aportes sindicales? O será porque no quieren mostrar que por un sueldo de $ 1.000 la comisión por la administración del capital previsional generado es de $ 1, mientras que el aporte sindical –destinado a enriquecer a otros vivos- es de $ 25? ¡25 a 1! ¡cómo no va a apoyar Moyano y la burocracia sindical el nuevo saqueo, si ya le prometen sillones en la Comisión que “administrará” esos fondos!

            ¿Qué estarán más seguros esos fondos en la ANSES? ¿seguros para quién? ¿Por qué no recuerdan los casi dos millones de juicios en que la ANSES es demandada por no cumplir con sus obligaciones legales? ¿Por qué no confiesan los miles de casos de sentencias condenatorias obtenidas por ciudadanos cuyos beneficios han debido ser reclamados en la justicia, que no se pagan a pesar de adeudarse en algunos casos por más de diez años? ¿Por qué no recuerdan el saqueo a que es sometida la ANSES mes tras mes, para financiar los dislates presidenciales?¿Cómo puede una persona que habla de corrido repetir tal rosario de falsedades, mentiras y sandeces?

            “La rentabilidad era mínima” repiten, sin sonrojarse y en el mejor ejercicio de cinismo. Sin embargo, recordemos la historia: pesificación forzosa en el 2002, canje de deuda que les arrebató el 65 % de las acreencias al considerar a los ahorristas previsionales “acreedores externos” y en consecuencia meterlos en el paquete de la estafa realizada a los ahorristas de todo el mundo en el 2005, obligación de compra forzada de títulos públicos sin valor desde el 2006, repatriación obligatoria de inversiones realizadas en economías exitosas en el 2007…. y aún así, llegar un 13,5 % de rentabilidad anual acumulada… Pero además ¿qué le importa al Estado, aún si así fuera, si se trata de una decisión libre de los dueños del ahorro? El propio sistema actual permite que a quien no le guste ese mecanismo, se incorpore al sistema estatal pleno…

 Sin embargo, pocos lugares han existido en estos años en que la capacidad de inversión de los gestores de patrimonio hayan podido ser más exitosos, neutralizando todos esos saqueos públicos con inversiones que, a la vez, ayudaron a desarrollar la economía financiando fideicomisos que permitieron el crédito de consumo, de artículos del hogar y de tarjetas de crédito para hogares populares, del boom de la construcción, de proyectos forestales y hasta de la inversión agropecuaria y la capitalización de empresas nacionales. Todo el crédito nacional quedaría, de aprobarse este dislate, en la absoluta discrecionalidad de un desequilibrado.

            La lucha comenzó. Despertando del shock, los argentinos han empezado a organizarse. Los próximos días dirán si los ladrones son sólo dos, o si se integran a la banda también los legisladores oficialistas y asociados, cuyos nombres serán cuidadosamente escrutados para volcar sobre ellos  la responsabilidad penal –arts. 173 inc. 11 y 12, y art. 248 del Código Penal- y la responsabilidad civil –arts. 1109, 1112 y ccs. del Código Civil- a las que inexorablemente tendrán que hacer frente con su libertad personal y con sus respectivos patrimonios. Ello ocurrirá apenas termine la pesadilla K y la justicia se libere de las presiones y amenazas. No falta mucho.