En Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España miles de personas se han echado a la calle, porque la inflación está afectando intensamente a las economías familiares. Los precios de la eurozona han subido casi un cuatro por ciento en los últimos seis meses. Según los últimos estudios de opinión, la pérdida de poder adquisitivo se ha convertido en el problema más importante para la sociedad francesa.

En los últimos seis meses
El sindicato alemán Verdi exigió el 19 de abril un aumento de las retribuciones del 7 por ciento para los 130.000 trabajadores del servicio de correos Deutsche Post y amenazó con que, de lo contrario, convocaría una huelga. Según el sindicato, los empleados de los transportes públicos deberían unirse por el mismo motivo.

En diciembre del año pasado, se organizó una huelga que paralizó los trenes, los aviones y los autobuses en Italia. Los sindicatos aseguraron que “los recursos previstos por el Gobierno no se ajustaban a los costes”. Una reducción de los impuestos de la gasolina exclusiva para el sector fue clave para que el paro se desconvocara.

A finales de enero, en Francia, cerca de 30.000 funcionarios públicos salieron a la calle para pedir un aumento salarial que mejorase su poder adquisitivo frente a la espiral de los precios. Casi el 60% de los franceses, según el diario económico Les Echos, creía que la huelga estaba justificada.

Los profesores en el Reino Unido lograron el cierre de 8.000 colegios hace menos de una semana. Pedían, según la BBC, un incremento de sus salarios de al menos el 4,1 por ciento o, lo que es lo mismo, que se ajustasen sus remuneraciones a la inflación.

En España, los funcionarios de Justicia lograron un aumento salarial de 160 euros al mes después de una huelga de tres meses que provocó numerosos retrasos en los tribunales. Las principales razones para la huelga fueron la equiparación de los funcionarios de la Administración central con los de las comunidades autónomas que tenían la competencia transferida y el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos.