La Corte Interamericana de Derechos Humanos este pasado 9 de enero, notificó a Costa Rica su respuesta a una Solicitud de Opinión hecha en mayo del 2016, por las autoridades costarricenses.

En donde se solicitaba a la CIDH que hiciera expreso su criterio en relación a los derechos de las parejas del mismo sexo y la forma de garantizarle a éste sector de la población,los procedimientos adecuados para hacer efectivos los cambios de identidad de género por parte del Estado costarricense.
 
Debido a que durante varios años, el debate político ha girado en torno a las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos que ostentarían quienes optarán por cambiar su identidad de género, suscitando gran polémica dentro de este país centroamericano, el cual es sumamente conservador y católico.
 
Así mismo, la diversidad de criterios dentro del Poder Legislativo e incluso Judicial, no ha llegado a buen término, para constituir alguna solución jurídica real que garantice a estos ciudadanos, su inclusión completa y permanente entro de la sociedad costarricense, sin sufrir ningún tipo de discriminación como hasta ahora.
 
Porque la solicitud de opinión consultiva, fue realizada por las propias autoridades costarricenses del actual gobierno y no por iniciativa de la sociedad civil, aunque en el pasado ya habían expresado que las víctimas de discriminación de ésta índole, se verían en la obligación de acudir al Sistema Interamericano, en el marco de un proceso contencioso contra del Estado costarricense, si se continuaban vulnerando sus derechos, ya que desde el año 2013, la Comisión Interamericana estaba tramitando una petición de Costa Rica, en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo.
 
Que a diferencia del procedimiento contencioso, podía ser más efectivo mediante la gestión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que éste proceso puede ser efectuado únicamente por los Estados y órganos interamericanos a razón de su propia injerencia. 

Ésta opinión consultiva constituye un documento de extremo interés en todo el continente americano, debido a que hace referencia no solo al derecho que poseen las  personas del mismo sexo en Costa Rica, en torno a su estatus personal y posiblemente matrimonial, sino también a diferentes ordenamientos jurídicos de otros 20 países, dentro de la región.
 
Además, cabe destacar que a menos de un mes de las próximas elecciones presidenciales, éste tema tenga mayor relevancia que el de la corrupción institucionalizada que azota al país dentro de la política nacional; ya que la opinión consultiva de ésta notificación lleva fecha del 24 de noviembre del 2017,  pero se dio a conocer hasta este 9 de enero del 2018, a favor de las parejas del mismo sexo, sin exclusión alguna, poniendo fin a varias décadas de discriminación, hacia este colectivo social.
 
Y donde la posición de varios precandidatos de entre los 13 postulantes, no se dejó esperar con opiniones mayoritariamente en contra e incluso, solicitudes de abandonar la participación de Costa Rica, Nación considerada como la democracia más antigua y estable de América Latina, del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, firmado en San José el 22 de noviembre de 1969.
 
Por ello, es fundamental visibilizar las dos caras que tiene un país como éste frente al Mundo, al venderse como tolerante y respetuoso de los Derechos Humanos de cualquier minoría y por otro lado, ser a lo interno una Nación donde persisten discriminaciones continuas, por parte de un aparato estatal represor y confesional, con una justicia constitucional, no muy pronta, ni cumplida, en cuanto al concepto no tradicional de familia que debe ser reevaluado.
 
Porque para concluir, las personas LGTBI deben ser iguales a otras en cuanto a sus derechos y deberes, sin discriminación alguna ante la ley por su orientación sexual o de género, en la autodenominada Suiza Centroamericana, aquí al otro lado del Atlántico…

Marisol Chévez Hidalgo es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Costa Rica.