La realidad, según el autor Juan Echeverría, es que en Venezuela no se impulsa una política de desarme de la población, tampoco se rescatan las áreas urbanas en poder de los antisociales y los programas de policía comunitaria no cuentan con un decidido apoyo gubernamental.

Políticas Públicas
CON UN BARRIL DE PETROLEO por encima de los cincuenta dólares, increíblemente
los niveles de desempleo, subempleo y economía informal siguen en niveles
críticos, mientras la criminalidad se desborda violenta y astuciosa, multiplica
su frecuencia y es mayor su peligrosidad social. Ahora hay variantes de
significación, por la permisividad de las autoridades, desarrollándose nuevas
motivaciones y finalidades para cometer delitos, aparte de aumentar la
proporción de delincuentes primarios e incrementarse la reincidencia en delitos
individuales y colectivos.

Cada fin de semana se señalan los porcentajes
de disminución de la criminalidad, en forma pública y con estadísticas en la
mano y ello asombra porque si se fueran sumando estaríamos por debajo de cero.
Sin embargo la realidad es que no se impulsa una política de desarme de la
población, tampoco se rescatan las áreas urbanas en poder de los antisociales y
los programas de policía comunitaria requieren un decidido apoyo gubernamental,
hasta incorporar a la población a las labores de prevención, obtener información
en tiempo real y asegurar resultados.

ES ALARMANTE el crecimiento
cualitativo y cuantitativo del delito, y la respuesta de sectores de la
sociedad, al instalar alcabalas privadas, vigilantes armados y sistemas de
protección electrónica, crea una cultura de protección que sólo beneficia a un
segmento de la población, mediante la conformación de islotes de seguridad,
artificiales, porque sólo generan seguridad dentro de los perímetros de las
urbanizaciones. Falta la implementación de un sistema penal eficiente, que
aporte en lo inmediato un efecto de disuasión, sea pedagógico y comunique entre
sí a los organismos de prevención, represión y las comunidades.

La
realidad es que casi toda la población vive en situación de inseguridad, las
leyes no se aplican y los jueces se concentran en los juicios que interesan al
régimen. Venezuela es uno de los países más riesgosos del mundo y es que la
mayoría de la gente vive en situación de inseguridad, los organismos policiales
no tienen presencia suficiente, de acuerdo a las encuestas de victimología, que
revelan a un 87% de los ciudadanos reacios a denunciar e insatisfechos de las
políticas del Estado ante el crimen.

SOMOS UNA SOCIEDAD criminógena,
porque es evidente el volumen de los delitos rubro por rubro, el profundo
sentimiento de inseguridad y las enormes superficies urbanas y rurales cedidas
por el Estado a los antisociales y a los grupos subversivos, algunos de los
cuales, como el FBL, fraternizan con la revolución y actúan uniformados y con
armamento de guerra. ¿Qué siente el ciudadano frente a una justicia lenta,
ineficiente, contradictoria y el reciclaje de la delincuencia, consecuencia de
la impunidad llevada a límites intolerables? ¿Hay algún atisbo de conciencia
preventiva y la aplicación de un plan de política criminal en la información
aportada por el régimen sobre las campañas contra el delito? ¿Se ha tratado de
organizar el inmenso potencial de los ciudadanos y su rol activo en la lucha
contra la criminalidad?

Enrico Ferri decía que la delincuencia no
desaparece jamás, sino que evoluciona y se transforma, por eso no inspiran
confianza las estadísticas oficiales y la población intuye que puede mejorarse
la operatividad del sistema democrático en la lucha contra el crimen. El
ciudadano, sin distingos sociales o económicos, reclama una protección
democrática y eficiente.

Fuente: El
Universal – Venezuela