La Soberanía y unidad, la reforma constitucional y la separación de poderes son los elementos que han permitido tumbar la declaración independentista.

De forma fulminante y con la misma unanimidad que ha caracterizado cada una de sus decisiones sobre el desafío secesionista, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer miércoles a trámite la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista. Cuarenta y ocho horas después de su aprobación por parte del Parlamento catalán, la hoja de ruta del independentismo sufría un nuevo revés al quedar desactivado, de momento durante cinco meses, su plan para iniciar la «desconexión democrática» con las instituciones del Estado español.

Haciendo uso por primera vez en su historia de la facultad que le brinda la reforma de la ley orgánica que lo regula, y a petición de los servicios jurídicos del Estado, el Tribunal Constitucional ordena la notificación personal de esta suspensión a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a otros 19 diputados y consejeros de la Generalitat. A todos ellos les advierte expresamente de las consecuencias del incumplimiento de su mandato.Estas son las claves para entender la decisión del Tribunal Constitucional:

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