Curiosamente, la ministra venezolana para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, expresó que lo sucedido en Perú “ha sido un genocidio, un acto terrorista”.
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Viernes, 23 de octubre 2026

Curiosamente, la ministra venezolana para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, expresó que lo sucedido en Perú “ha sido un genocidio, un acto terrorista”.
AMÉRICA/ Bolivia y Perú avivan sus diferencias
Según información oficial, las víctimas mortales del enfrentamiento ocurrido el viernes pasado en la ciudad de Bagua entre los nativos y los miembros del orden son los siguientes: 24 policías y 5 aborígenes fallecidos, a los que se suman los cadáveres de 4 pobladores de la referida ciudad. No se precisan datos sobre el número de heridos.
Se presume de la existencia de mayor número de muertos por parte de la población civil y de los propios nativos. Mientras tanto, el líder de los indígenas, Alberto Pizango, habría huido del país. De acuerdo a la versión dada por la propia Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, Pizango habría cruzado la frontera rumbo a Bolivia. Por su parte, el abogado de Pizango indicó que su patrocinado se encontraba en un lugar no determinado de la ciudad de Lima.
A todo ello se sumaron las declaraciones de dos congresistas nacionalistas confesando su colaboración para que Pizango huya de la justicia. Las representantes del partido de Ollanta Humala, Janeth Cajahuanca y Juana Huancahuari, admitieron al diario Perú 21 que ayudaron a Alberto Pizango a esconderse de las autoridades y pasar a la clandestinidad. Ello fue motivo para que parlamentarios oficialistas, como el congresista y ex primer ministro Jorge del Castillo, demanden que ambas sean acusadas por encubrimiento.
El fin de semana el presidente Alan García denunció que estos lamentables acontecimientos forman parte de una conspiración internacional, sin dar mayores precisiones al respecto. Curiosamente, la ministra venezolana para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, expresó que lo sucedido en Perú “ha sido un genocidio, un acto terrorista”, subrayando que el mandatario peruano confirma así “su condición de fascista”. Las declaraciones de la ministra chavista fueron dadas al canal VTV de la red estatal de televisión de Venezuela, según informes de la agencia EFE.
En la víspera, una tensa calma se apreciaba en la zona de conflicto. Ello por cuanto si bien es cierto que muchos nativos que participaron en las protestas se han replegado, se informa que hay presencia de otros grupos de aborígenes y comuneros selváticos que estarían buscando continuar expresando su rechazo al Decreto Legislativo 1090, el que a su entender es el causante de su mayor temor: perder sus tierras en manos del Estado. Por lo pronto, la carretera Yurimaguas-Tarapoto sigue bloqueada y la población de Bagua está en toque de queda, con la de la población inmovilizada en sus domicilios.
Cabe señalar que dicho norma no hace sino desarrollar lo que el artículo 66º de la Constitución peruana establece: que los recursos naturales son del Estado, y que es él quien ejerce soberanía sobre ellos. Es decir, no sólo los nativos se encuentran en posibilidad de ser desplazados por una disposición gubernamental si es que en subsuelo de su propiedad se encuentran riquezas o recursos naturales, sino que tal posibilidad de ser expropiado la tiene cualquier ciudadano de la república.
En el derecho peruano el dueño del terreno no es necesariamente dueño de las riquezas que el subsuelo del predio tiene. La titularidad sobre tales recursos la tiene el Estado, quien la puede explotar directamente o a través de concesiones. Ello hace que el aprovechamiento de la riqueza natural sea manejada de manera política, sin mayor beneficio directo por parte de la población. A entender de algunos analistas y entendidos, soportes legales como el indicado sólo benefician a los que tienen mayor proximidad al poder.
Sin duda las buenas intenciones del Decreto Legislativo 1090 de colocar a la zona amazónica dentro del circuito del mercado se ven seriamente afectadas. Lo que buscaba tal dispositivo era poner freno al tráfico ilegal de madera, que muevo ingentes cantidades de dinero, así como controlar todo tipo de explotación dentro de la selva peruana, la que hasta el momento se lleva a cabo mayormente de manera irracional y por cierto ilegal.
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