“…Lo que perjudica a los provincianos y a los mismos porteños son los 430 millones de pesos que por año se giran en antieconómicos subsidios en favor de los concesionarios de los subterráneos…”

Ernesto Poblet
Así razonaba la presidenta Cristina frente a Macri: “…se giran 430 millones de pesos por año a los subtes porque, de lo contrario, el boleto en lugar de costar $ 1,10 debería salir 2.45… es un subsidio a los usuarios, a las empresas y al resto del sector porque estamos transportando la fuerza laboral a precios bajos… ¿Cuánto creen que tardarían los sindicatos en ir por demandas salariales acordes si tuvieran que pagar a precios reales esos servicios…?”

Explicaba la mandataria su política y al mismo tiempo negaba el trámite formal de la financiación que determinados organismos internacionales de crédito otorgarían al gobierno de la Ciudad “Autónoma” de Buenos Aires para la obra de ampliación de los subterráneos y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Es penoso que la reflexión de la señora perjudique precisamente a quienes dice ayudar. No hace falta hacer una ingeniería financiera más fina. Sobra con el razonamiento lógico para refutarle. La ampliación de los subterráneos y el soterramiento del tren del oeste traerían aparejados un conjunto de soluciones con incidencia favorable en los precios del boleto, en la calidad de los servicios, en la descongestión del tránsito y en el standard de vida de la población. Por lo pronto disminuiría en forma considerable la cantidad asfixiante de autos que se desplazan en horas pico desde el Gran Buenos Aires hacia el centro y viceversa.

Ello trae implícito la aparición de otros medios de transporte público que aprovecharían la nueva comodidad del tránsito por superficie y hasta la proliferación de distintos medios novedosos -terrestres y fluviales- procedentes desde la periferia territorial del Conurbano y del río.

El subterráneo ampliado absorbería enormes contingentes de personas a desplazarse por debajo de la superficie. Ese mercado será creciente y dinámico, por lo cual incidirá en un flujo recaudatorio que abaratará los precios y mejorará la calidad del servicio. Lo mismo ocurriría con los renovados transportes de superficie atraídos por las calles con menor atosigamiento de autos. El primer dato que aparecerá con los subterráneos mejorados y ampliados será el del automovilista solitario que dejará su coche cerca de las terminales o se trasladará directamente en el subte modernizado en razón de la cercanía con su vivienda. Este sujeto, llevado por las circunstancias y sin que le quepa culpa alguna, forzadamente es -por ahora- un elemento perturbador de las calles y la polución en la sobredimensionada urbe metropolitana.

Con estas premisas se demuestra que el financiamiento internacional se paga solo mediante el propio negocio. La demanda existe y en lugar de decaer todo hace prever que crecerá inexorablemente. No se trata de quitarle financiación al interior del país como cree la presidenta. Al contrario, lo que perjudica a los provincianos y a los mismos porteños son los 430 millones de pesos que por año se giran en antieconómicos subsidios en favor de los concesionarios de los subterráneos. Administrando como Dios manda sus propios dineros estas firmas responsables del servicio serán las encargadas de suministrar sus inversiones para aprovechar las nuevas infraestructuras que los créditos del Banco Mundial o del BID les proporcionan a tasas de fomento.

La prioridad que dice preservar la presidenta hacia los sectores provinciales no es afectada por otorgar la “autorización” del poder federal que ordenan los estatutos de los organismos financiadores internacionales. Entendemos que esa tozudez en la negativa sólo obedece a mezquinos intereses políticos contra el Jefe del Gobierno de la Ciudad. Lo mismo ocurre con el rechazo presidencial al justo reclamo -estrictamente amparado por normas constitucionales y legales- referido a los fondos del traspaso de la Policía Federal o la financiación de obras.

La presidenta echa en cara al gobernador “autónomo” de la ciudad un subsidio que no se le pidió, que fue resuelto en el estilo de los Kirchner sin consulta alguna. Habría que avisarle acerca de los perjuicios del sistema de las subvenciones. Por lo pronto descapitalizan al sector, puede observarse –actualmente- el espectáculo de los ómnibus y trenes en sistemático derrotero hacia la obsolescencia. La falta de inversiones incide desastrosamente en el mantenimiento y la renovación de equipos. Los transportes se hacen cada vez más deficitarios y ruinosos. El empresario se empeña menos en contener su riesgo debido a que el aporte fácil achancha su predisposición a la excelencia competitiva.

Por otra parte, se hace evidente en la Argentina de los últimos tiempos cómo el gobierno convierte la política del subsidio en un instrumento para el sometimiento y la sumisión de los empresarios. La tendencia a la corrupción es un corolario inmanente de este sistema. “…Estamos transportando la fuerza laboral a precios bajos…” ¡Qué fácil le resulta a la señora Kirchner hablar con tanta naturalidad de los precios ficticios y desdeñar desde su pináculo a los precios reales…! Como si la realidad consistiera en una virtualidad cinematográfica y considerara su pensamiento presidencial una estructura sólida de cemento. Como si fuera posible transportar volitiva y colectivamente a millones de personas por día y encima imponer un precio bajo “a piaccere”.

Fuente: FUNDACIÓN ATLAS