Pedro Roberto Mora Rodríguez
“En Panamá, el consumidor más pobre, en Estados Unidos, el más rico”
En Panamá, los gobiernos redujeron la competencia externa de los productores agropecuarios a través de aranceles, cuotas o medidas administrativas internas que restringieron la importación y aumentaron el precio del producto protegido. Este incremento fue y es pagado, por el consumidor panameño.
El arancel aumenta el precio directamente, mientras la cuota y medidas administrativas internas al restringir la importación, crean una escasez relativa del producto que paulatinamente incrementa los precios. Diferentes estudios han demostrado que los aumentos llegaron a superar más del 100.0% del valor del producto importado.
La protección inicia con la de la salinera, del café, la textil, el calzado, la aceitera y las lácteas por medio de las leyes No. 30 y 51 de 1904, No.19 de 1912, Ley 21 y 36 de 1912 y la Ley 25 de 1913, respectivamente.
Con el Tratado Remón-Eisenhower, y la construcción del Puente de las Américas, se consolidan las normas de protección de las leyes No.12 de 10 de mayo de 1950 y la ley No.25 de 7 de Febrero de 1957. Entre esa fecha y hasta 1970, se logran los objetivos de las leyes, de incrementar el Producto Interno Bruto, el empleo y la consolidación del sector productivo.
En consecuencia, se aprueba la ley No.413 de 1970 que incluyó normas de protección decreciente y la de promoción de exportaciones, pero solo tuvo ocho meses de vida al ser reemplazada por la ley 212 que mantuvo la protección permanente.
Cual consumidor es el más afectado, el de mayor o menor ingreso?
Para valorar el consumidor más afectado por la protección, se presentan datos de la cuarta encuesta realizada en el año 1997/1998 sobre el gasto de los hogares según nivel de ingreso. En esta, se señala que los hogares con ingresos mensuales menores de B/.600.0 gastan, en promedio, 44.7% de sus ingresos, en alimentación (arroz, carnes, pollos, papas entre otros) y bebidas (sodas y otros refrescos); mientras, los hogares con ingresos mayores de B/.1,500.0 gastan, en promedio, apenas, el 16.2%. Los primeros representan el 50.3% de la población; mientras los de más de B/.1,500.00, el 17.4%. Las encuestas de 1962, 1972 y la de 83/84 demostraron resultados equivalentes.
En cambio, Estados Unidos, promovió los productos agropecuarios sin incrementar el precio interno sino disminuyendo los costos de producción y de esta manera poder competir con el producto importado. La disminución la lograba por medio de subsidios. El monto de los subsidio se incluye en el presupuesto anual de gasto del gobierno federal.
El documento No.328 de Chiapas al Día del 15 de Enero del 2003 señala que el presupuesto de E.U. asignado, en el 2002, al sector agropecuario fue de $118.0 mil millones y que el apoyo al productor fue de $21.0 mil anuales. Ocasionando que el 40.0% de los ingresos totales del sector agrícola provenga de los subsidios.
Además, las dos terceras partes de los subsidios benefician al 10.0% de las granjas estadounidenses ya que entre ellas se encuentra el 72.0% de las ventas.
La principal fuente de ingresos de cualquier presupuesto, a largo plazo, es el impuesto. En este sentido, en la página 291 del libro de Economía de Samuelson, decimaséptima edición, se plantea que en el año 2000, de los ingresos del presupuesto del gobierno de E.U. proveniente de impuestos, el 60.0% eran con estructuras progresivas, el 33.2% proporcionales y 6.8% regresivos.
De lo anterior, se desprende que la estructura tributaria estadounidense grava, principalmente, a los hogares con mayores ingresos y, por ende, este grupo es el que transfiere la mayor parte de los ingresos para subsidiar, más, a ese, 10.0% de los productores agropecuarios más ricos.
La conclusión es que históricamente, en Panamá, el incremento de precios originados por la protección de los productos agropecuarios, es pagado, principalmente, por los hogares de menores ingresos; mientras en E.U., el subsidio, lo pagan los de mayores ingresos. Es decir, la protección de los productos agropecuarios agudiza la pobreza en Panamá y en E.U., una familia con altos ingresos financia a otra similar.
Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Miembro de la Fundación Libertad
