“La cosa es sencilla. Se proclama que el Estado, por acción u omisión, es responsable por los crímenes de las autodefensas ilegales y, sobre esa falsa premisa, se otorgan fabulosas indemnizaciones a los parientes, reales o imaginarios, de las víctimas. ¿Cuánto de las indemnizaciones le queda a los parientes y cuanto a las ONG? En todo caso, el negocio es magnífico.”