“Para financiar el déficit suplementario del TGN será necesario endeudar aún más al Estado boliviano. Al parecer ni los señores parlamentarios ni el Gobierno se dieron cuenta del problema que han generado. Fue grave también la actitud de muchas instituciones, incluyendo a los municipios, universidades, pueblos indígenas, Fuerzas Armadas y Policía”

Rolando Morales Anaya
El descontento sobre la Ley de Hidrocarburos es total. En este artículo, sólo
quiero referirme a aspectos que aún no han sido abordados. El primero es el
impacto sobre el Tesoro General de la Nación (TGN); el segundo es el impacto
sobre el precio interno de los hidrocarburos, y el tercero se refiere al uso que
deberían dar las regiones a las importantes sumas que la Ley pone en sus
manos.

Las primeras estimaciones del efecto sobre el TGN de la Ley de
Hidrocarburos arrojan una pérdida de por lo menos 60 millones de dólares
anuales. Esta situación puede durar unos cinco años aproximadamente, pudiéndose
esperar que poco a poco esta cantidad disminuya hasta reponer los ingresos que
recibía el TGN antes de esta ley.

Para financiar el déficit suplementario
del TGN será necesario endeudar aún más al Estado boliviano. Al parecer ni los
señores parlamentarios ni el Gobierno se dieron cuenta del problema que han
generado. Fue grave también la actitud de muchas instituciones, incluyendo a los
municipios, universidades, pueblos indígenas, Fuerzas Armadas y Policía que sin
vergüenza alguna se pusieron a roer el erario público. Recae también sobre el
TGN el pago del Bonosol (más o menos 90 millones de dólares anuales). En estas
circunstancias se esfuman las esperanzas del pueblo boliviano de financiar su
desarrollo con la renta del gas.

Parlamentarios, Gobierno y otras
instituciones se han aplazado, estando a punto de causar un grave daño a
Bolivia. Cuando muchos de mis estudiantes se aplazan, yo opto por recomenzar el
curso desde sus inicios, incluso recordando conocimientos que los estudiantes
deberían haber hecho suyos en los cursos previos. Creo que algo semejante
deberíamos hacer ahora: empezar de nuevo el proceso de elaboración y discusión
de la Ley de Hidrocarburos.

Sin duda la propuesta que hago aparecerá a
muchos irrealista, incluso ingenua, pero, ¿qué es mejor, dar paso por cobardía a
un proceso social que corre el riesgo de ser cruento o, si no es el caso, dañar
en forma seria a la economía? o ¿proponer al país pensar todo de nuevo? Y, si
esto no es posible, ¿qué otra salida puede haber para semejante
embrollo?

No obstante los recaudos que adopta la Ley con relación a los
precios internos, los economistas sabemos que parte de los impuestos se
transfieren al consumidor final. Es decir, parte del pretendido 50 por ciento
del valor de la producción que corresponderá a Bolivia será finalmente pagada
por los bolivianos.

Si se logra (lo que todavía está por verse)
incrementar en forma significativa los volúmenes de producción y los ingresos
consecuentes, los beneficiarios de éstos (prefecturas, municipios, pueblos
indígenas, Policía, Fuerzas Armadas, bonosolistas etc.) deberían invertirlos en
aumentar la productividad hasta un nivel similar al de los países vecinos, caso
contrario, el ingreso suplementario se traducirá simplemente en mayores
importaciones, perjudicando a la producción nacional y echándole leña al fuego
de la pobreza. ¿Cree Ud. que eso se les puede ocurrir a tan distinguidos
señores? ¿No será mejor comenzar todo de nuevo?

Fuente: La Razón – Bolivia