Durante casi un siglo el concepto de inmunidad soberana protegió a gobiernos y líderes contra las acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, aunque se erosionó sustancialmente en el juicio a los líderes del partido nazi en Nuremberg. El concepto mantuvo la mitad de una vida propia hasta los años noventa, en que hubo consenso que se podía llevar a un Estado a la Justicia, aunque en demandas civiles por compensación económica o restitución de bienes confiscados ilegalmente. No así a los líderes involucrados en eso. No obstante, en el último cuarto de siglo tomó forma un nuevo consenso que conduce a los Protocolos de Roma y a la creación de la Corte Penal Internacional. Hoy en día, el principio de inmunidad soberana no cubre individualmente a los funcionarios de un Estado, ni siquiera en los niveles más altos.

Otro hecho significativo del derecho internacional moderno es la desaparición del estatuto de limitación como concepto jurídico. Hasta dos o tres decenios, los actos que podían calificarse de crímenes de guerra estaban sujetos a límites de tiempo más allá de los cuales no era posible un enjuiciamiento exitoso. Ahora, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad permanecen abiertos a juicio para siempre y se fortaleció el concepto de imprescriptibilidad para esos delitos. En consecuencia, independientemente de cuánto tiempo podría vivir, Assad siempre seguiría siendo un objetivo para la acusación por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ese principio se estableció de manera dramática en los casos de los líderes serbios Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic y Ratko Mladic.
Muchos gobiernos han recolectado sistemáticamente evidencia sobre crímenes de guerra. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con una Oficina Especial de Justicia Penal Internacional que asesora al secretario de Estado y al subsecretario de Seguridad Civil y de Derechos Humanos sobre cuestiones relacionadas con los crímenes de guerra y genocidio. En 2012, la oficina abrió un proyecto especial sobre  Siria y acumuló una gran masa probatoria sobre los crímenes de guerra de Assad. Aunque luego, como gesto de buena voluntad hacia la República Islámica de Irán, en conversaciones con Teherán sobre el acuerdo nuclear, en 2013, el presidente Barack Obama cerró el proyecto y canceló su presupuesto. Sin embargo, las pruebas reunidas están intactas y podrían utilizarse en cualquier momento contra Assad y su círculo.

También Dinamarca y Alemania han reunido pruebas junto con la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria (IICIS, por sus siglas en inglés). IICIS ha publicado varios documentos sobre la masacre sistemática de detenidos en prisiones sirias administradas por Assad. El informe señala que miles de detenidos desaparecidos por el régimen han sido golpeados hasta morir o murieron bajo tortura. Y los sobrevivientes han narrado abusos inimaginables. Por último, pero no menos importante, decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y miles de activistas de derechos humanos, muchos de ellos sirios, han sido capaces de reunir cantidad de evidencia durante años.