En una columna anterior me referí a los incontables casos de corrupción en Latinoamérica, argumentando la necesidad de subir el estándar ético a nuestras autoridades como medida efectiva para combatir el mal uso del aparato público. En efecto, en dicha ocasión concluí que la ley, si bien es un parámetro, no es suficiente y que debe aplicársele una escala de valores superior.

Queda, ahora, y tal como anuncié en aquella columna,  otras preguntas por responder. La primera de ellas es ¿qué escala de valores aplicar?. Esta interrogante es necesaria por cuanto hoy en día no existe una única escala de valores, sino que son variadas, y como parten de diferentes inicios, llegan a diferentes conclusiones. Por ejemplo, mientras para unos “el fin justifica los medios”, para otros son los principios, y en especial la dignidad humana, los que deben regir el actuar de los individuos. Esto inexorablemente nos llevará a diferentes respuestas respecto a un mismo problema.

No es la intención aquí argumentar sobre la conveniencia de una escala de valores sobre otra, sino que más acotadamente se pretende sostener que, independiente de la escala que escojamos, es necesario aplicar una y solo una, y siempre la misma. Imagine que su autoridad local desvía recursos destinados para la dotación de fuerzas policiales en algún barrio peligroso, y los aplica para la construcción de un monumento a algún personaje icónico de su partido, ¿el fin justifica los medios en este caso? Por ello, queda de manifiesto que no podemos dejar la puerta abierta para que la autoridad nos responda que según su escala de valores estuvo bien desviar dichos fondos, porque al final todo puede ser respondido de dicha manera, y jamás podremos reprochar una actuación.

Con esta correlación de ideas queda patente que uno de los presupuestos del posmodernismo, la relativización de los valores morales, es nociva y perjudicial para el manejo de la “cosa pública”, y que por el contrario, debemos tomar una opción, escoger un parámetro único y uniforme, que nos permita caso a caso juzgar moralmente a los gobernantes.

Una última pregunta que debemos responder es cómo enfrentar, desde el punto de vista legislativo, la lucha contra la corrupción. Para esto es primordial descubrir la fuente primaria de los abusos de poder, y solo ahí proponer una solución.

En alguna ocasión, conversé con un juez que me dijo que la solución a la corrupción era eliminar la mitad de las leyes, las pares o las impares, pero que escogiera. Si lo pensamos con detención, no resulta descabellado.

Un análisis lógico de supresión de elementos en el camino de la corrupción nos lleva a concluir que la fuente primordial de los abusos de poder es la existencia del poder mismo; allí donde una autoridad tiene poder para tomar decisiones discrecionalmente está presente el germen de la corrupción. Esto es muy simple: si no tengo poder, no puedo abusar de él.

No se trata de sostener ideas anarquistas, sino de establecer un criterio de evaluación para el establecimiento de las potestades públicas. Debemos preguntarnos si una determinada atribución es necesaria, o si por el contrario debiesen ser los particulares, en el juego de la oferta y la demanda, los que debiesen decidir sobre un determinado asunto. Tomemos como ejemplo los aranceles aduaneros, los que gravan los productos importados, beneficiando a los productos nacionales; en dicho caso existe el latente peligro de que tanto los productores nacionales como los extranjeros intenten sobornar a la autoridad, a fin de subir o bajar, o bien eliminar dichas tasas aduaneras. Pero, ¿y si no existiesen esas tasas aduaneras?, no habría necesidad de sobornar a la autoridad, y solo el juego de oferta y demanda determinará qué producto será consumido por los ciudadanos. Sin poder, no hay corrupción.

Con estas dos preguntas pretendo aportar, tal como lo hiciera anteriormente, con ideas a analizar cuando de corrupción se trate; el debate no está zanjado, y ciertamente habrá más interrogantes que resolver.

La conclusión es concisa: una sola escala de valores debe aplicarse de manera uniforme y constante, y la mejor forma de evitar la corrupción es quitar poder al Estado.

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