Como adelantó De la Vega
La Abogacía del Estado, tal y como le ordenó el Gobierno, presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad de Madrid de 29 de diciembre de 2008, de Medidas Fiscales y Administrativas. Como ya comunicó María Teresa Fernández de la Vega el pasado viernes, realizan esta acción porque es “inmoral y poco ético”.

En un comunicado, el ministerio de Justicia explicó que “la Ley autonómica impugnada altera frontalmente el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo vulnera de forma flagrante. Anula el principio de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los consejeros generales de Caja Madrid“.

El Gobierno espera que se impugne la Ley de la nueva regulación que se da al régimen de elección de los consejeros de Caja Madrid. Se basa en que la Constitución “atribuye” al Estado competencia para fijar “las bases que deben informar el modelo organizativo de las cajas de ahorros”.

Por otro lado, el recurso exige la impugnación de la nueva regulación que se da al régimen del personal estatutario fijo que trabaje en instituciones o centros sanitarios. Según el ministerio, “la nueva regulación que afecta al personal del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid violenta la vigencia general de los principios de valoración del mérito y la capacidad en el acceso a la función pública”.