El narcotráfico y la extradición son temas clave e inmensamente complejos que hasta ahora han estado por fuera del debate de la negociación. Dada su profunda incidencia, discutirlos es sano y necesario para buscar fórmulas coherentes con la desmovilización del complejo matrimonio entre paramilitares y narcotráfico concentrado en el territorio de distensión de Ralito.

El Tiempo (Colombia)
Pero una cosa es reconocer la necesidad de poner el tema sobre la mesa y otra, inaceptable, que el narcotráfico se colara por la puerta de atrás a través de una ley mal hecha.

Nada suave fue el debut en el Congreso del proyecto de ´justicia y paz´ que busca dar un marco legal al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Aunque eran conocidas las divergencias entre el Gobierno y los críticos de la iniciativa oficial -incluyendo a uribistas de la primera hora-, la controversia en las comisiones primeras de Senado y Cámara llamó la atención por su dureza y porque un tema, hasta ahora casi ausente, saltó a la palestra: el narcotráfico.

Desde la dura afirmación del senador liberal Rodrigo Rivera de que en el proyecto se coló un ´narcomico´ “gestado en la Casa de Nariño” y la advertencia de su colega Juan Fernando Cristo de que podría hacer carrera “una laxitud legal” frente al narcotráfico, hasta la réplica de los defensores del Gobierno, el fuerte intercambio verbal mostró cuántas fibras sensibles toca el complejo proceso con los ´paras´. Y cuántos obstáculos será necesario superar para sacarlo de la confusa situación en la que lo ha puesto la ambigüedad del Gobierno.

El artículo del proyecto que suscitó la polémica es el 64, pues modificaría la figura de la sedición en el Código Penal, incluyendo en ella a “quien conforme o haga parte de grupos de autodefensas”. Los críticos señalan que esta redacción podría facilitar que ´narcos´ disfrazados de paramilitares o jefes de autodefensas que han incurrido en tráfico de drogas y están pedidos en extradición queden convertidos en delincuentes políticos y, por tanto, puedan escapar a esta.

Aumenta la confusión el artículo 10.5, que cita como uno de los requisitos de elegibilidad para la desmovilización “que el grupo (armado) no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. ¿Quién y cómo va a definir si el grupo se constituyó o no para incursionar en el narcotráfico? ¿Qué pasa si se dedicó al narcotráfico después o si lo ´compró´ un narco?

Junto con jefes extraditables como Mancuso o ´Jorge 40´, de larga tradición en las autodefensas, en Ralito hay personajes como ´Pablo Arauca´, ´Gordolindo´ o ´Adolfo Paz´ cuya trayectoria es, según las autoridades, más de narcotraficantes que de paramilitares y su pertenencia formal a las Auc mucho más reciente que la de otros. Y, por fuera de la mesa y de las autodefensas, hay ´narcos puros´ que tienen ´grupos armados con mando responsable´, como ´Los talibanes´ y ´Los machos´, que han anegado en sangre el norte del Valle.

Mucho ojo, pues. El narcotráfico y la extradición son temas clave e inmensamente complejos que hasta ahora han estado por fuera del debate de la negociación. Dada su profunda incidencia, discutirlos es sano y necesario para buscar fórmulas coherentes con la desmovilización del complejo matrimonio entre paramilitares y narcotráfico concentrado en Ralito. Pero una cosa es reconocer la necesidad de poner el tema sobre la mesa y otra, inaceptable, que el narcotráfico se colara por la puerta de atrás a través de una ley mal hecha. Ya deben estar afilando sus herramientas los abogados de los ´narcos´, que sí conocen bien los pasillos del Congreso. Colombia tiene una historia larga de ´narcomicos´ como para no mirar con especial cuidado el tema.

Hay que atender la sugerencia del senador Andrés González de ´blindar´ el proyecto de ley contra cualquier posibilidad de que, gracias a él, se cuelen a la vida civil -o a la política- los ´narcos´ que se han arrimado a Ralito. Pocos dudan de la firme decisión de este Gobierno de combatir el narcotráfico y su récord es elocuente: en poco menos de tres años, Uribe ha autorizado 260 extradiciones, cifra sin antecedentes si se la compara con la de sus antecesores. Mayor razón aún para que el proyecto de ley sea nítido y quede completamente blindado contra su eventual aprovechamiento por el narcotráfico. La política de desmovilizar a los paramilitares debe estar a salvo de toda ambigüedad y alejada de las zonas grises.

La liebre del tráfico de drogas, que había correteado en torno al proceso, por fin saltó al escenario. Cogerla por las orejas es lo menos que puede hacerse para llevar a buen término esta negociación que, como se demuestra de nuevo, es infinitamente más compleja de lo que a veces intentan hacernos creer.

Fuente: El Tiempo (Colombia)