Mariano Rajoy
En los últimos 20 años el mundo se ha ido haciendo cada vez más complejo en todas sus facetas. Y no solamente porque ahora estamos ante relaciones más globales, sino también porque vivimos en sociedades más libres, donde los ciudadanos son más conscientes del valor de sus iniciativas individuales y, por tanto, exigen a los poderes públicos que creen los marcos adecuados para desarrollar estas iniciativas, en lugar de pedir un dirigismo o una guía como ocurría en el pasado.

Para el caso de España, la Transición democrática y la aprobación de la Constitución significó libertad política, reglas claras, transparencia y control en la acción de gobierno, la aplicación sin excepciones del Estado de Derecho y solidaridad para tratar de conseguir la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

La Constitución trajo además un modelo de Estado basado en el reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales que significó autonomía para nuestras regiones y municipios, unos servicios públicos más cercanos al ciudadano y el control democrático de los poderes regionales y locales. En el ámbito económico, la Constitución implicó más libertad, menos dirigismo, menos arbitrariedad, reglas más transparentes y más control de la ciudadanía al poder político.

En España sabemos bien que la libertad, las políticas saludables, y la vigilancia de las actuaciones públicas sientan bien al bienestar económico y social de los españoles. Siempre que la economía española se ha abierto y liberalizado, los resultados han sido espectaculares en términos de renta por habitante, cohesión social y bienestar.

Por eso, el consenso entre los españoles sobre la bondad de nuestro marco constitucional es casi unánime, así como sobre los beneficios que una Europa que represente más libertad, más vigilancia de las políticas y más apertura trae a nuestros ciudadanos. Sin este marco conjunto habría sido mucho más difícil llevar a cabo todo el conjunto de actuaciones que ha hecho de España uno de los países de más éxito dentro de la Unión Europea y que más rápidamente se ha ido integrando en el espacio de libertades y prosperidad que forman las naciones más avanzadas del planeta.

Sin embargo, el esquema institucional que, como he mencionado anteriormente, mejores resultados ha dado en la historia de nuestro país, parece encontrarse en crisis. Un enorme riesgo supone la actual inestabilidad política y territorial en España y la fractura del pacto constitucional de 1978, cuyo principal exponente es el proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña, y el respaldo político que ha recibido del presidente del Gobierno.

Todavía no alcanzo a comprender de qué manera se van a ver beneficiados los ciudadanos españoles con la ruptura del consenso de 1978. Francamente no creo que los actuales acontecimientos desemboquen en más libertad, menos intromisión pública, más garantías, más transparencia y mejores políticas para los ciudadanos españoles en general y para los catalanes en particular.

No me parece que desmontar por la puerta trasera el actual modelo de Estado de las Autonomías, para convertirlo en un esquema confederal que desposee al Estado de la mayor parte de sus actuales atribuciones y cuyas reglas del juego sean negociaciones bilaterales, opacas, basadas en el principio de la conveniencia política del momento, sea un buen cambio para los ciudadanos de este país.

La actual reforma del Estatuto de Cataluña no es buena para nadie. Como tampoco lo sería la liquidación de las competencias estatales. En los próximos años España se juega mucho. Necesita una sólida dirección de la política económica, fuertes relaciones exteriores, peso en Europa, garantizar la seguridad de su frontera y la seguridad ciudadana, y asimilar el gran incremento de población inmigrante. El proyecto de reforma del Estatuto catalán tal y como está planteado, no es la solución, sino todo lo contrario.

Mientras tanto, quedan aplazadas las políticas que más van a influir en nuestro bienestar a medio y largo plazo. La economía crece con grandes desequilibrios. De hecho, nos encontramos en un momento crucial. Tras uno de los ciclos de crecimiento más largo de nuestra historia, una serie de desequilibrios amenazan la continuidad de nuestro modelo de crecimiento. La economía española pierde competitividad a ritmo preocupante. Se refleja en una inflación creciente respecto al inicio de este año y a un diferencial de la misma con relación a nuestros socios de la Unión Europea que se mantiene por encima de un punto. Con todo, el dato más significativo es el deterioro del saldo exterior de la economía española. En estos momentos España es el país de la OCDE que presenta un mayor déficit exterior, en el entorno del 7 por 100 del PIB, un déficit que, además, es un récord histórico para nuestro país. Y no hay que olvidar aquí que históricamente las fases recesivas de nuestro desarrollo económico han comenzado siempre por un deterioro sustancial del sector exterior.

A esto hay que añadir otro dato que no puede pasarse por alto y es el desmesurado incremento del gasto que experimentan los presupuestos de este año y, sobre todo, que se han perdido dos años para realizar las reformas de calado que requiere nuestra economía si quiere seguir a la vanguardia de las economías más punteras del siglo XXI. Y así, en lugar de dedicar nuestros esfuerzos a la competitividad, a la consolidación de las cuentas públicas, a la reforma de los servicios públicos, a las inversiones, a la seguridad o la inmigración, reabrimos debates resueltos en la Transición, hacemos bascular el consenso constitucional con aquellos que precisamente quieren acabar con el Estado de las Autonomías y con el actual mapa territorial.

Así las cosas, seguir dando vueltas a temas como la reforma del Estatuto catalán no sólo erosiona las energías de nuestra sociedad sino que lastra la capacidad de maniobra y la operatividad de un Gobierno que tendría que dedicarse a otras cosas mucho más importantes que discutir –cuando la Constitución ya lo determinó hace más de dos décadas- sobre la identidad nacional que nos dimos entonces los españoles. Al Gobierno habría que decirle que nuestro futuro dependerá de nuestra capacidad de resolver en el presente problemas que tienen que ver con el futuro, y no en enredarnos con cuestiones que hacen referencia al pasado.

Artículo publicado en la revista Tiempo