Resulta muy difícil por estos días abstraerse de la realidad ecuatoriana. La caída de tres gobernantes en los últimos ocho años no sólo representa una nueva señal de alerta para la democracia en la región, sino que revela una serie de debilidades de las instituciones y los compromisos internacionales.

José Velasquez
La preocupación sobre la democracia ecuatoriana tiene como eje central el dilema
sobre si Lucio Gutiérrez fue la víctima de un golpe de estado o si los
ecuatorianos lograron librarse a tiempo de un régimen que iba aceleradamente
rumbo al autoritarismo.

Es claro que en Ecuador se rompió el orden
constitucional, pero la pregunta es cuándo empezó a torcerse la democracia.
Gutiérrez pasó por encima del resto de poderes del estado: se adueñó ilegalmente
de la Corte Suprema, bloqueó el Congreso y rescató del exilio al también ex
presidente Abdalá Bucaram, quien es el mayor icono de la corrupción
ecuatoriana.

Las malas compañías y una declarada vocación de
´´dictócrata´´ derramaron el vaso y fue sólo cuestión de tiempo que la sociedad
civil terminara de romper el ya bastante debilitado círculo democrático. Los
partidos políticos lo habían intentado, al igual que la poderosa coalición
indígena, pero fue finalmente la espontánea presión popular quiteña la que
aceleró su caída.

El destino le pagó con la misma moneda al coronel
golpista que en enero del año 2000 encabezó una revuelta que terminó con el
gobierno de Jamil Mahuad. Gutiérrez ganó las elecciones en buena lid en 2002,
pero su insurrección marcó esa miopía popular de que los pueblos pueden
deshacerse de sus líderes a mitad de camino. Y como gobernante hizo todo lo
posible por debilitar la democracia, hasta que la suma de sus actos jugó en su
contra.

Para muchos, como para el gobierno brasileño, Gutiérrez es el más
reciente mártir de una región inmadura e inestable. Para otros, Ecuador es un
país de heroicos ciudadanos que no están dispuestos a tolerar ni actos de
corrupción ni atropellos a sus derechos.

Ambas visiones son erradas y son
correctas. No hay duda de que la salida de Gutiérrez es una pésima señal, pero
no es menos cierto que desde el poder hizo todo lo posible para debilitar el
soporte democrático que lo sostenía.

En cuanto a la sociedad civil, si
bien es verdad tuvo el valor de asumir las consecuencias de un tercer divorcio
político en menos de una década, también hay que reconocer que la democracia
pierde vigencia cuando se vuelve correctiva. El valor y el civismo se demuestran
frente a una urna de votación y en el respeto a las leyes.

Las
instituciones ecuatorianas quedan sensiblemente frágiles, pero lo más
preocupante es la debilidad de las instituciones externas. Una vez más queda
evidenciada la poca capacidad de acción y reacción de la OEA. Ajena a la
situación y sin elementos de juicio para resolver, terminó enredada en las
versiones de unos y otros sin poder aportar ningún tipo de
solución.

Luego de la ilegal arremetida de Gutiérrez contra la Corte
Suprema en diciembre pasado, los gremios y la oposición acudieron a la OEA para
denunciar el caso. No hubo ninguna respuesta.

Entonces se pidió la
intervención de la ONU para que envíe al relator especial en temas legales
Leandro Despouy. El informe oficial fue negativo para el régimen de Gutiérrez y
se estableció que el relevo forzoso de casi todos los magistrados fue producto
de una trama política y se hizo sin bases jurídicas. Pero todo quedó en la
anécdota y la retórica del reporte.

Una vez desatada la crisis, ninguno
de los dos organismos atinó a reaccionar más allá de protocolarios
pronunciamientos. Ambos pudieron prevenir en su momento la ruptura democrática y
ninguno lo hizo.

Ecuador queda debilitado y la convalecencia será
dolorosa y larga, sobre todo en la soledad de quien descubre al fin que los
tribunales internacionales no son guardianes de nada y que el respeto a la
democracia no es el compromiso global que todos creíamos, sino única y
exclusivamente un ejercicio de reflexión interna.

Fuente: El Nuevo Herald – Miami