Una es que la corrupción es tan evasiva y sutil que es invisible. Recuerdan a los radicales que dicen que la prueba de la gran sofisticación de la conspiración para asesinar al Presidente Kennedy es el hecho de que no se haya descubierto ninguna prueba de conspiración.

George Will

La reforma de financiación de campañas es lo que pretende combatir: corrupción.

 

El Tribunal Supremo debería haber dicho algo así cuando tumbó, en calidad de cortapisas anticonstitucionales a la libertad de expresión, los severos límites de Vermont a las donaciones y el gasto de campañas.

 

En su lugar, el tribunal adoquinó una mayoría produciendo un barrizal. El tribunal brega aún con el barro hasta la cintura con su veredicto de 1976 en Buckley contra Valeo.

 

En ese caso, el tribunal declaró restricciones inconstitucionales a la libertad de expresión los límites de gasto en campaña. Pero el tribunal pasó por alto los límites a las donaciones porque presuntamente tales límites sirven a un interés primordial — combatir la corrupción o la aparición de la misma.

 

Puesto que la corrupción es ilegal desde hace tiempo, aparecen reformistas por doquier. El veredicto del lunes, dictaminado por Stephen Breyer (junto con John Roberts y Sam Alito; Anthony Kennedy se mostró partidario; Clarence Thomas, junto con Antonin Scalia, apoyaron el resultado, pero no el razonamiento) eliminó la prohibición de Buckley a los límites de gasto. Breyer declaró demasiado severos los límites de donación de Vermont (los más estrictos de la nación — 400 dólares para candidatos en concepto de oficinas por todo el estado) y, característicamente, fijó cinco criterios para juzgar aceptables los límites — criterios que generarán docenas de casos más.

 

Thomas reconocía que la probabilidad de actuación de la ley o de acción gubernamental con principios, es inversamente proporcional a la cifra de criterios que el tribunal invente para determinar qué límites de donación política son los precisos. Qué cualifica a los jueces para juzgar este caso, o de qué manera lo permite la Primera Enmienda, no está claro. De modo que Thomas defendió sensatamente descartar Buckley, permitiendo a la gente donar, y a los candidatos gastar, lo que les apetezca, y dejando que los votantes zanjen las cosas. Vaya concepto.

 

Durante las argumentaciones orales el pasado febrero, el presidente del Tribunal, Roberts, preguntaba al fiscal general de Vermont, “¿Cuántos procesamientos por corrupción política ha llevado?” El fiscal general: “No hemos tenido ninguno“. Roberts: “¿Cree usted que la corrupción política en Vermont es un problema serio?” Fiscal general: “Lo es“. Roberts: “¿Describiría su estado como políticamente limpio, o como corrupto“? Fiscal general: “Tenemos un verdadero problema en Vermont“.

 

Roberts pedía al fiscal general un ejemplo que ilustrase su afirmación de que las donaciones de campaña de los grupos de interés de Vermont “determinan a menudo las posturas que candidatos y funcionarios adoptan en los temas“. El fiscal general respondió que no podía ofrecer un ejemplo, y decía que “influencia” sería más exacto que “determinar”. ¿Gente que intenta influenciar elecciones y gobiernos? Que el cielo lo prohíba. En otra aclaración, más o menos, el fiscal general decía que el problema es la “influencia indebida”. Ahí lo tiene.

 

Las incesantes alegaciones acerca de la “aparición” de corrupción son obvias en sí mismas — generan la impresión en el público de corrupción. Tales alegaciones permiten que el movimiento de reformas continúe recaudando dinero y dudas acerca de la suficiencia de regulaciones gubernamentales, sin importar lo numerosas que sean, en el discurso del gobierno. De ahí que los reformistas tengan un poderoso incentivo para argumentar dos propuestas.

 

Una es que la corrupción es tan evasiva y sutil que es invisible. Recuerdan a los radicales que dicen que la prueba de la gran sofisticación de la conspiración para asesinar al Presidente Kennedy es el hecho de que no se haya descubierto ninguna prueba de conspiración.

 

Alternativamente, los reformistas argumentan que la corrupción es completamente visible por todas partes: se llama política. Si un político A vota de modo que satisface al donante B — particularmente si B disfruta de “acceso” a A — eso será designado como corrupción. No importa la abundante investigación que demuestra que el dinero pasa normalmente a políticos de comportamiento concreto, en lugar de cambiar el comportamiento del político.

 

Aunque muchos reformistas digan que “la corrupción” es secreta, de ahí que no podamos esperar documentarla, la corrupción verdaderamente seria apenas está oculta. Está en la historia legislativa de McCain-Feingold. Bob Bauer, un abogado Demócrata de campaña, observa que la ley, aunque vendida como medida para el gobierno limpio, fue la oportunidad de auto-bombo de los ocupantes de cargos. Explotaron la oportunidad, levantando protecciones especiales frente a los contrincantes ricos, y “apagones” de gran parte de la propaganda electoral pre-elecciones. Esto les justificó al permitirles controlar el contenido del discurso político en temporada electoral, y permitirles, como dice Bauer, “evitar la indignidad de ´anuncios negativos´ dirigidos en su contra“.

 

El razonamiento “aparición de la corrupción”, gracias al cual los ocupantes de los cargos justifican la redacción de leyes a su conveniencia, está trillado. De modo que los reformistas argumentan cada vez más (véase sus justificaciones para restringir las organizaciones civiles 527) que restringir el tiempo, cantidad y contenido de la defensa política es necesario para mejorar el tono de la política. De modo que a eso es a lo que se refería Madison: “El Congreso no promulgará ninguna ley que pase por encima de la libertad de expresión — a menos que los cargos opinen que la excepción elevará el discurso acerca de sí mismos“.

 

Los reformistas afirman que la regulación gubernamental de las donaciones y el gasto en campaña no sólo ahorrará a nuestros líderes la distracción de la búsqueda gubernamental de “influencias indebidas” sobre el gobierno, también nos hará pensar mejor del gobierno. Pero una opinión mezquina del gobierno a menudo es sensata, y ciertamente está justificada por la regulación de campañas, que se ha convertido en una forma particularmente virulenta de la enfermedad que pretende curar.

 

Un grupo 527 es una organización exenta de impuestos creada principalmente para influenciar la nominación, elección, nombramiento o derrota de candidatos a un cargo público. Es bautizada así en honor a la sección del código fiscal norteamericano.